Frente a la crisis migratoria que se vive en Tapachula, Chiapas, las organizaciones Pueblo sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana presentarán un amparo ante instancias judiciales en busca de que se permita a los migrantes continuar sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya sea en la Ciudad de México u otras urbes del país.
Los directores de ambas organizaciones, Irineo Mújica y Luis García Villagrán, respectivamente, iniciaron ayer una huelga de hambre en Tapachula para exigir al gobierno federal dé solución urgente a la crisis en la frontera sur del país.
Mújica sostuvo que retener a los migrantes en ese lugar no sólo es contrario a las leyes, sino que es una “bomba de tiempo” que puede terminar en violencia por la carencia de trabajo, comida y servicios.
“El objetivo de los amparos es, por una parte, quitar la presión a Tapachula; la han convertido en una ‘ciudad cárcel’ y lo que están haciendo es ilegal por contener la migración bajo la fuerza en esas circunstancias.”
Explicó que después de 30 días de estar en un sitio dentro de territorio nacional esas personas adquieren ciertos derechos que deben ser reconocidos por las distintas instancias de gobierno. Se trata, además, de una crisis humanitaria que debe ser atendida con los valores y leyes mexicanas “y no por la imposición de otro país”.
Con el recurso buscan amparar a todos los migrantes que se encuentran varados en Tapachula, algunos desde hace más de un año, en espera de que se dé cauce a sus trámites de refugio presentados ante la Comar.
“Con esto buscamos acompañarlos hasta la Ciudad de México y estamos tratando de que las personas puedan tramitar su petición ante la Comar, pero que sea de una manera diferente, no con la forma como se está haciendo. Ya se ha hecho anteriormente con algunos haitianos y africanos, y es una vía legal para transitar sin estar encarcelados en esta ciudad”. Obligarlos a estar allí sin recursos ni acceso a servicios “también castiga a Tapachula” porque no puede con todo el peso de una crisis de este tipo.
A su vez, García Villagrán detalló que ayer empezó la recepción de documentos para promover el amparo colectivo.
Ambos activistas se instalaron desde la mañana en el parque Benito Juárez, ubicado al lado del templo católico en el centro de Tapachula, a la que ahora llamada “ciudad cárcel” porque los migrantes no pueden salir, pues las autoridades retrasan la respuesta de sus solicitudes de entrega de documentos para permanecer legalmente.
