Una representación de académicos y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchó a la Cámara de Diputados para exigir que no se apruebe la iniciativa del Congreso de Hidalgo de una nueva ley orgánica porque sólo busca entregar la institución a la “Sosa Nostra”.

De aplicarse la reforma, indicaron, habrá además un daño al ingreso salarial de los académicos, al caer en una precariedad laboral que, a su vez, provocaría renuncias masivas y “una implosión intelectual muy grave” en el instituto.

El profesor Jorge Reyes Bonilla dijo en entrevista que la iniciativa del Congreso de Hidalgo, promovida por un sector de diputados de Morena, implicaría no sólo derogar la Ley orgánica del IPN de 1981, sino desconocer las condiciones laborales de los trabajadores y académicos, que serían contratados con una “nueva razón social”.

Explicó que la ley es promovida desde Hidalgo porque el IPN cuenta en Pachuca con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Hidalgo y el interés del grupo político de Gerardo Sosa Castelán es hacerse de los recursos del instituto.

“Es lo que intenta el grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ese núcleo de la ‘Sosa Nostra””, dijo.

Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la UAEH, cumplió este mes un año preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, acusado por delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

La iniciativa fue presentada en el Congreso hidalguense por los diputados de Morena Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas, de Morena, y enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

“El peligro para el IPN es grave. Y son diputados de Morena los que plantean la ‘autonomía’, que están infiltrados”, expuso.