Brasil vive una profunda crisis de representación política, en la que la masa de la población no se siente representada en sus partidos, en el sistema político ni en el propio Estado. Es una crisis de hegemonía política e ideológica.
Una situación introducida por la nueva ruptura de la democracia en 2016. Brasil había vivido casi 20 años de democracia política, desde 1945 hasta el golpe de 1964.
Tuvo una dictadura durante 21 años, de 1964 a 1985. Una transición de 1985 a 1990 y un nuevo periodo democrático de 1990 a 2016, 26 años.
En total, en 76 años, el país ha vivido 46 años de democracia política, 21 de dictadura, a los que ahora se suman otros cinco de autoritarismo, en un total de 26 años de ausencia de democracia.
Lo que caracteriza el periodo actual es la crisis de representación, tanto del Estado como del sistema político en su conjunto y de los partidos políticos. El sistema de partidos, resurgido en la transición democrática, entra en una profunda crisis.
El MDB, el DEM y el PSDB, los partidos tradicionales de derecha y de centro, estaban agotados. Perdieron representación, fuerza política y proyectos para el país.
El PT es el único partido representativo a escala nacional. Pasó por un lapso difícil cuando fue víctima del golpe de 2016 y la detención de Lula. Pero se recobró plenamente con la recuperación de los derechos de Lula y volvió a un proceso de fortalecimiento, ocupando el centro de las fuerzas opositoras en el país.
El sistema político se desmoralizó con el golpe que impidió que Dilma gobernara su segundo mandato, para el que había sido relegida. El gobierno de Temer fue una vez un gobierno ilegítimo, resultado de un golpe y no de un voto popular. Se revirtieron las políticas aprobadas en cuatro elecciones democráticas. El sistema político y el gobierno perdieron legitimidad y representación.
Las elecciones de 2016 supusieron la institucionalización de la pérdida de legitimidad del sistema político, con la exclusión ilegal de Lula, favorito para ganar en la primera vuelta. Y con la campaña impulsada con fake news y otras formas ilegales de manipulación, que llevó a Bolsonaro a una nueva presidencia ilegítima. El sistema político perdió toda fuerza de legitimidad, al no representar democráticamente a los brasileños.
Bolsonaro vino a destruir la vieja política, a acabar con la corrupción, a liquidar el PT, a reducir el Estado a su mínima proporción, a depurar la economía, a unir la derecha, a proyectar un nuevo liderazgo en Brasil.
Hoy todo eso se ha evaporado. Practica la política de trueque más torpe con los partidos fisiológicos en el Congreso. Aun así, no es suficiente. Cuanto más cede, más débil se vuelve, más tiene que ceder, más depende de esos partidos, que cobran precios cada vez más altos.
Al intentar usar el Centrão en su favor, Bolsonaro se convierte en prisionero del Centrão. Un grupo de partidos que juegan al intercambio de favores para evitar el impeachment en el Congreso. Pero que, a medida que pasa el tiempo, necesita pensar en la supervivencia de cada congresista, que empieza a mirar las elecciones de 2022 y calcula la carga de hacer campaña con el peso de Bolsonaro en la espalda. Comienza a discutir incluso el impeachment, incluso si es para aumentar el precio a Bolsonaro.
El Centrão tiende a retirarse y dejar al gobierno completamente vulnerable al impeachment y, sobre todo, condenado a la derrota electoral en 2022. La ilusión de la relección de Bolsonaro terminará de una vez por todas.
Si fue el candidato elegido para derrotar al PT, el fracaso del gobierno de Bolsonaro es al mismo tiempo el fortalecimiento del PT y el nuevo favoritismo de Lula por ser elegido presidente de Brasil.
Se ha agotado la posibilidad de que la economía entrara en un periodo de recuperación. El aumento de la inflación y las incertidumbres políticas proyectan, por el contrario, estanflación para 2022.
Con el proyecto de gobierno agotado, Bolsonaro eleva el tono de sus amenazas, como lo hizo el 7 de septiembre, con terribles repercusiones para él. La relección parece cada vez menos posible y le queda el camino de la ruptura institucional.
El futuro de Brasil depende de las elecciones de 2022.
O esta ruptura y la afirmación de un autoritarismo blindado militarmente o el rescate de la democracia, con la derrota y derrocamiento del régimen surgido en el golpe de 2016.
