Cuernavaca, Mor. Integrantes del colectivo “Isaías Cano Morales” se sumaron a la condena de los asesinatos de dos activistas sociales, ocurridos en Cuernavaca el 2 y el 7 de septiembre respectivamente, y exigieron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la Fiscalía General del Estado que encabeza Uriel Carmona Gándara, su esclarecimiento.

Rodrigo Morales Vázquez, era uno de los opositores a la reactivación del “basurero” Loma de Mejía, quien fue asesinado la noche del jueves 2 de septiembre con arma de fuego por hombres desconocidos, cuando comía un esquite sentado en la banqueta de la avenida Universidad.

El ambientalista tenía bajo su cargo un centro de reciclaje desde hacía 10 años, y criticaba la forma de operación de las empresas Trideza y KS al aperturar estas el relleno sanitario en enero pasado con ayuda del gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). Ese relleno, ubicado al norponiente de Cuernavaca, fue cerrado en el año 2010 porque no cumplía la norma oficial 083 de la Semarnat; pero actualmente lleva casi nueve meses en funcionamiento.

Así también, Alejandro García Zagal era conocido como Chepe, era un líder social que apoyaba a las familias de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, en sus trámites y peticiones ante el ayuntamiento,

En las últimas semanas García Zagal estaba presente en la prensa porque inició una campaña de no pago al Sapac pues ese organismo no paga la energía eléctrica a la CFE.

También organizó a los habitantes de la colonia ubicada al norponiente de Cuernavaca a tomar los tres pozos de la CFE, para que impedir que la paraestatal les cortara el suministro de energía ante el impago de Sapac y el ayuntamiento de Cuernavaca.

Tal acción permeó en al menos seis colonias de Cuernavaca, lo que afectó aún más las finanzas del Sapac.

Los familiares de Chepe incluso afirmaron que éste había sido amenazado de muerte por el presidente municipal Antonio Villalobos Adán y la regidora Albina Cortés Lugo y la directora del Sapac, Jennifer Negrete.

Los miembros del colectivo aseguraron que ambos homicidios fueron consecuencia de su lucha social en favor del medio ambiente y en contra de la corrupción que impera en el ayuntamiento de Cuernavaca que preside Antonio Villalobos Adán.

“Exigimos al fiscal general, que de manera inmediata, se dé no tan solo con el paradero de los asesinos materiales sino también con los autores intelectuales que están detrás de dichos crímenes, lo anterior en razón de que los dos compañeros recibieron amenazas, de manera abierta y velada, como resultado de su activismo y como consecuencia de la luchas sociales que sostenían en asuntos que tienen que ver con el relleno sanitario de Loma de Mejía y con el Sapac; en los dos casos denunciaron, pública y de manera reiterada, la corrupción y el contubernio de las autoridades”, puntualizó Francisco Radilla vocero de esta organización.

El lunes 13 de septiembre la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ONU-DH) condenó las dos ejecuciones y demandó a “las autoridades a cumplir con su deber de investigar ambos casos, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa de los derechos humanos, para que no queden en la impunidad”.

El 8 de septiembre, un día después del segundo asesinato, la 55 legislatura del Congreso local condenó los homicidios, y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecerlos y dar con los responsables

Por su parte, el presidente municipal electo de Cuernavaca por el PAN y PSD José Luis Urióstegui —que tomará protesta el primero de enero de 2022—, solicitó una investigación a fondo, porque consideró "que eran personas que estaban haciendo una actividad política social, que desafortunadamente, aparentemente les cuesta la vida, y una investigación a fondo puede determinar sí fue precisamente por estas actividades públicas, o por otras, que ocurrieron esos homicidios”.