Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México informó que ayer fueron puestas en libertad 41 personas que se encontraban en prisión por delitos de bajo impacto, con hasta 10 años sin sentencia, mayores de 70 años de edad, enfermos y víctimas de tortura que se declararon culpables.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), luego de que acreditó 37 detenciones ilegales y arbitrarias.

En cuanto a las liberaciones, la administración local informó que este lunes diversos jueces determinaron la excarcelación de 41 personas, con base en los criterios emitidos por la Presidencia de la República el 25 de agosto y al decreto publicado el 10 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

“Los estamos liberando porque es injusto que se encuentren en la cárcel”, expresó la jefa del Gobierno, al señalar que se trata de personas con mucho tiempo sin sentencia, que están muy enfermas o de más de 70 años y que desean pasar el último tiempo con su familia, e incluso que fueron torturadas.

Los beneficiados se encontraban en distintos reclusorios capitalinos y su liberación fue analizada en mesas de trabajo institucionales en las que participaron autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial locales y se continúan analizando más casos, principalmente de mujeres.

En cuanto a la recomendación 03/2021 de la CDH, la detenciones arbitrarias ocurrieron en 2011 y 2019, y los afectados fueron mujeres y hombres a quienes se les violó su derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la propiedad privada.

El organismo señaló que estas personas fueron detenidas, entre otras irregularidades, sin orden judicial y con uso indebido o excesivo de la fuerza, además de que hubo dilación en la puesta a disposición, fueron incomunicados y exhibidos en medios de comunicación.

Por ello, solicitó a la SSC y a la FGJ que las víctimas sean inscritas en el Registro Nacional de Detenciones para hacer un seguimiento de cada caso. También solicitó emitir un reconocimiento de responsabilidad individualizado por escrito en el que se dé cuenta de las detenciones e informar si se iniciaron procedimientos administrativos o penales contra los elementos policiacos que los detuvieron, además de la reparación integral del daño a las víctimas.

En la presentación del documento, la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez, informó que de 2018 a 2020 el organismo abrió 959 expedientes vinculados a esta práctica, y que de 1994 a 2019 se emitieron 102 recomendaciones.

Señaló que dicho patrón de actuación, al ser generalizado, representa la falta de supervisión de las propias instituciones y su tolerancia, respondiendo las detenciones a un “perfilamiento de las víctimas asociado a su nivel socioeconómico, ente otras categorías”.

El primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Carlos Arjona, mencionó que con esta recomendación se busca la reparación integral de las 37 víctimas directas y dos indirectas, mostrar a las autoridades las fallas en su actuar y el incumplimiento de velar por la seguridad y justicia de la población, pues varios de los servidores públicos involucrados en estos casos siguen laborando en dichas instituciones.