Ginebra. Las amenazas medioambientales que se intensifican constituyen "el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos, afirmó este lunes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Las crisis interdependientes vinculadas con la contaminación, el cambio climático y la biodiversidad multiplican las amenazas, amplificando los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales, y volviendo a las personas cada vez más vulnerables", declaró Bachelet en la apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

"Al intensificarse, esas amenazas medioambientales constituirán el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos de nuestra era", afirmó, y pidió a los políticos que pasen a la acción.

Bachelet subrayó que esta "triple crisis planetaria", en gran medida provocada por la acción del hombre, ya tiene un impacto amplio y directo sobre toda una serie de derechos humanos, como "los derechos a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la vida".

La contaminación "es la causa de una de cada seis muertes prematuras", destacó.

Bachelet enumeró una lista de crisis ambientales como, entre otras, la hambruna en Madagascar, la desertificación en el Sahel, la escasez de recursos hídricos en Oriente Medio, los incendios en Siberia y California y las inundaciones en China y Alemania.

"Abordar la triple crisis ambiental mundial es un imperativo" y es "alcanzable", dijo.

Bachelet afirmó que la humanidad se enfrenta además a otras violaciones de los derechos humanos.

Lamentó no tener "un acceso significativo" a la región china de Xinjiang, donde vive la etnia musulmana uigur, y dijo por primera vez que su oficina está "finalizando la evaluación de la información disponible sobre las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en esta región, para hacerla pública".

China rechaza que se lleve a cabo una investigación en Xinjiang.

Estados Unidos, basándose en estudios de investigadores occidentales, acusa a China de haber internado a más de un millón de uigures en "campos" en Xinjiang. Pekín niega esta cifra y afirma que se trata de "centros de formación profesional".