De 2019 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado a 23 magistrados de circuito y 18 jueces de distrito por comportamientos deshonrosos, entre ellos, hostigamiento sexual y laboral, nepotismo, así como corrupción.
En respuesta a una solicitud ciudadana de información pública, el Registro de Servidores Públicos Sancionados del CJF reportó 15 suspensiones del empleo, cargo o comisión, siete apercibimientos públicos y cuatro privados, seis amonestaciones, tres destituciones, dos inhabilitaciones temporales, así como una sanción económica, por mencionar algunos en contra de los impartidores de justicia.
La política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, a partir de la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido denunciar y dar seguimiento a estos casos. Asimismo, en su momento ha declarado que mantienen el compromiso de cero tolerancia a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Incluso la semana pasada, Arturo Zaldívar aseguró que desde que llegó a la presidencia del CJF se han iniciado más de 50 denuncias por acoso sexual y que hay tres jueces suspendidos, y no sólo eso, también dijo que dos jueces son investigados por el Poder Judicial de la Federación debido a que “llevaban años violando” a trabajadoras.
Entre los asuntos más trascendentes de los impartidores de justicia castigados por alguna irregularidad, se encuentra el caso del magistrado federal Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, a quien en enero de 2020 el pleno del CJF lo destituyó e inhabilitó por 10 años, acusado de hostigar de manera sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa del juez de Distrito de su mismo circuito, Javier Loyola Sosa, en acuerdo y beneficio personal de dicho juez.
En ese entonces, el consejo de la judicatura informó que el togado también recibió una sanción y fue suspendido por “su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.
A finales de marzo de este año, las autoridades suspendieron seis meses a José Luis Legorreta Garibay, magistrado federal del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa, Tabasco, por presuntos actos de violencia física, moral y sexual en contra de una colaboradora. Una semana antes, el magistrado Fernando Omar Garrido Espinoza, ex titular de Segundo Tribunal Tributario de Nayarit, también había sido inhabilitado por presunta violencia sexual “grave y prolongada” en contra de colaboradoras del propio tribunal.
A la lista se suma la destitución del juez Octavio Rodríguez Martínez, en abril, por actos de hostigamiento sexual, lo que el CJF consideró “falta grave”. Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, el juzgador estaba suspendido.
En mayo, el pleno cesó a José Luis Horta, juez federal que estuvo adscrito al distrito de Baja California por dejar en libertad a personas involucradas en el acopio y transporte de múltiples armas de fuego y cartuchos, y no vincularlos a proceso. Después de una investigación “profunda y un debido proceso sobre el caso”, determinó que el juzgador incurrió en un error inexcusable conforme a la normativa del Poder Judicial de la Federación, debido a que dictó su resolución con base en un tipo penal distinto al expuesto por la Fiscalía en su acusación.
