Con una crisis en el sureste del país que se ha vuelto el dique al que apuesta el gobierno federal para reducir el tránsito de ciudadanos centroamericanos que salen desplazados por la violencia y el hambre de sus comunidades de origen, los órganos especializados en dar atención a migrantes y refugiados tendrán menor o igual presupuesto el próximo año que ahora en 2021 y acumularán un recorte real de 17.1 por ciento respecto a los fondos que tuvieron en 2018.

Los recursos canalizados a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender a los migrantes no tienen minusvalías mayores respecto a 2021, pero este freno en la hacienda pública choca con flujos migratorios que se han multiplicado. De enero a julio, las solicitudes de refugio son 56.6 por ciento más altas que todas las recibidas en 2020 e incluso más del doble que las de 2018. El resto de personas en tránsito es mayor.

Con el presupuesto que actualmente hay para la atención a refugiados, prácticamente se atenderían con 690 pesos a cada una de las 64 mil 378 personas que han hecho una solicitud al gobierno mexicano en lo que va del año, dos de cada tres provenientes de Honduras y Haití.

A la política y servicios migratorios se prevén destinar mil 763 millones de pesos el próximo año. Al tener en cuenta el efecto de la inflación, el recurso prácticamente no cambia frente a lo presupuestado en 2021 al mismo fin. El Instituto Nacional de Migración (INM), principal destino de este gasto, tendrá mil 662 millones de pesos, sin un cambio anual, pero sí 16.8 por ciento por debajo de los fondos que tuvo cuatro años atrás.

Para la coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se proponen 58 millones de pesos, uno por ciento menos que en 2021 y 16 por ciento por debajo que cuando entró el gobierno actual. Sin comparación directa con el inicio de sexenio, debido a que antes se encontraba integrada con minorías religiosas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración tendrá un incremento anual de 2 por ciento.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas tendrá 42 millones el próximo año, 0.6 por ciento menos que el actual y 29 por ciento debajo de 2018; mientras toda la atención a refugiados también experimentará un recorte de 0.9 por ciento respecto al año pasado y un aumento de 53.5 por ciento respecto al inicio del sexenio, debido a las ampliaciones presupuestales que incorporó la Cámara de Diputados en 2019 y 2020.

“Al reconocer el fenómeno migratorio como parte relevante de la vida nacional, se fortalecerá la cultura sobre la migración (...), así como de la promoción del respeto y la valoración positiva de lo que las migraciones aportan a la cultura y al desarrollo de la nación”, comenta la Secretaría de Gobernación en los documentos entregados a la Cámara de Diputados.

En salud, se duplican los recursos para el programa de asistencia pública de la Secretaría de Salud, en el que se inscribe el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que, como consecuencia de las reformas a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, deberá atender a niñas, niños y adolescentes migrantes. Su presupuesto pasa de mil 598 millones de pesos a 3 mil 475 millones y en éste 500 millones de pesos serán para construir albergues de menores en tránsito.