En el Senado avanzan reformas a diversos ordenamientos, a fin de regular y agilizar la alerta de violencia de género, ya que hoy día se debe seguir un largo proceso burocrático para tramitar el mecanismo.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, señaló que el hecho de que no exista una regulación específica sobre el funcionamiento de esa alerta y no se cuente con los recursos requeridos, ha producido tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, y dificulta proteger a mujeres de todas las edades de agresiones que llegan al feminicidio.
En una reunión conjunta de su comisión y la de Estudios Legislativos Segunda se aprobó ya un dictamen conformado por siete iniciativas de senadoras de diversos grupos parlamentarios, para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como tres minutas sobre esa alerta, remitidas por la Cámara de Diputados, precisó.
En el dictamen se obliga a la Federación, estados y municipios, a poner en marcha las medidas extraordinarias de carácter presupuestal y administrativo necesarias, para que ese mecanismo pueda operar con rapidez y eficiencia.
De entrada se define como “el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.
Micher resaltó que esa incorporación del concepto de “violencia feminicida”, es fundamental, ya que se refiere a conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Hizo notar que la reforma incorpora otro punto relevante: que las solicitudes para su emisión podrán realizarse por organismos internacionales, públicos autónomos, de derechos humanos y sociedad civil, colectivos o familiares de víctimas y para un territorio determinado.
Además, agregó, ante una solicitud de alerta debidamente admitida, se conformará un grupo multidisciplinario e interinstitucional integrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Inmujeres, sociedad civil y especialistas en el tema.
Ese grupo, detalló la de morenista, contará con 30 días naturales para analizar los hechos denunciados, presentar conclusiones, propuestas de acción, medidas preventivas, correctivas, de atención y de seguridad.
Al ser emitida la alerta por el titular de la Secretaría de Gobernación, deberá notificarlo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la instancia de procuración de justicia del territorio donde se active. Hecho esto, se echará a andar el Programa de Acciones Estratégicas de Cumplimiento por las autoridades correspondientes.
