Hay cuando menos cuatro consecuencias inmediatas de la postulación de Andrés Manuel López Obrador para que el gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sea embajador de México en España:

1) Se añaden ingredientes a la versión de que en ámbitos del gobierno federal se tienen demasiadas deferencias hacia el máximo grupo de poder fáctico de esa entidad y el país, el cártel de Sinaloa (caso Ovidio, saludo a la madre de El Chapo, sobre todo).

2) Se premia a un priísta que operó contra el interés de su propio partido para dar paso a la victoria electoral de Morena, por lo cual se estaría pagando el favor sucesorio local con una de las principales embajadas mexicanas.

3) Se empaña el anunciado objetivo de recomponer las relaciones diplomáticas con España, al proponer como representante mexicano a alguien que durante casi seis años gerenció una entidad federativa donde tuvo plena fluidez operativa un principal y predominante negocio ilícito.

Y, 4) se extiende un manto federal de protección al mandatario que está por dejar el poder. Es de anotarse que Sinaloa es una entidad donde autoridades y cártel han sostenido históricamente una convivencia siempre susceptible de indagaciones judiciales, a tal grado que en casi 30 años ningún gobernador saliente ha podido reinsertarse a un buen nivel de la actividad pública: el último en hacerlo fue Francisco Labastida Ochoa, quien salió de la gubernatura en diciembre de 1992 y enseguida ocupó posiciones relevantes; pero Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán, Jesús Alberto Aguilar Padilla y Mario López Valdez (llamado MaLoVa) dejaron el cargo sin obtener algún otro de relevancia nacional.

No está de más recordar lo publicado en el semanario Ríodoce el pasado 13 de junio (https://bit.ly/3tz3InN) y retomado en esta columna el 17. Así iniciaba el Astillero de esa fecha: “El periodista Ismael Bojórquez (director de Ríodoce, donde publicaba Javier Valdez) ha publicado que cuadros de acción electoral del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa fueron secuestrados por grupos de la delincuencia organizada para obligarlos a revelar sus estrategias para los comicios del pasado 6 de junio e impedir que el tricolor pudiera impedir o entorpecer la victoria de Rubén Rocha Moya, postulado por Morena y el Partido Sinaloense (PAS)” (https://bit.ly/2XfhM9F).

Mientras en algunos ámbitos se considera la incorporación de Quirino Ordaz a la plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores como una jugada pragmática que divide al priísmo, y en particular al frente conformado por PAN, PRI y PRD, e incluso como el temprano retiro de una presunta candidatura presidencial priísta, el propio López Obrador anunció que ha invitado a colaborar con su gobierno a otro personaje no morenista, Antonio Echevarría García, quien llegó a la gubernatura de Nayarit postulado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista (local).

El próximo acompañante de la llamada 4T es hijo de Antonio Echevarría Domínguez, a quien postularon en 1999 los mismos partidos que en 2017 lo harían con su vástago. El padre es la persona más rica de la entidad (Grupo Alica) y la madre, Martha Elena García, en 2005 pretendió, sin conseguirla, la candidatura a este cargo a nombre del PAN (buscando sustituir a su esposo como otra Martha, Sahagún, lo pretendió respecto a Vicente Fox).

El antecesor de Echevarría García fue el priísta Roberto Sandoval Castañeda, actualmente encarcelado en México bajo acusaciones relacionadas con el crimen organizado (el fiscal estatal era Édgar Veytia, también preso, apodado sin equívoco El Diablo). La narrativa de las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos tuvo como referencia Nayarit, bajo el desgobierno de Sandoval. El sucesor Echevarría, a quien no se acusa de nexos con ningún cártel, dejará plácidamente el poder al morenista Miguel Ángel Navarro Quintero. Otros gobernadores que cedieron paso a Morena ven con esperanza estos movimientos compensatorios. ¡Hasta mañana!

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