Los sistemas digitales del banco BBVA (antes Bancomer) experimentaron ayer fallos en sus diversas plataformas que impidieron durante varias horas realizar transacciones a sus usuarios, tanto en la aplicación de banca móvil como en el portal y en los cajeros automáticos de esa empresa.

El percance dista de ser una excepción; ha ocurrido en repetidas ocasiones en esa y otras instituciones bancarias. Aunque a veces las caídas de los sistemas bancarios derivan de problemas internacionales en la red –como ocurrió en julio pasado–, lo más común es que se trate de insuficiencias internas, como fue el caso de ayer.

Los enormes perjuicios que ocasionan las “intermitencias” de servicios bancarios por vía digital no sólo afectan a los cuentahabientes –los cuales se ven impedidos para realizar compras, efectuar pagos y cobros y obtener dinero en efectivo, además de otras operaciones– sino al conjunto de la economía, habida cuenta del nivel de bancarización del país.

Invariablemente, las entidades bancarias se desentienden de su responsabilidad por las pérdidas y los gastos derivados de tales fallas.

La frecuencia de las caídas en los sistemas de los principales bancos de matriz extranjera en el país indica en forma inequívoca que éstos invierten menos de lo necesario en tecnología para atender a sus clientes, a pesar de que sus utilidades aquí se multiplican sin cesar.

En el caso de BBVA, las ganancias aumentaron en el primer trimestre de este año 28.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020. Pero tales ganancias son trasladadas en su mayor parte a los países de origen; así, aun en medio de la contracción por la pandemia, el banco de marras registró el año pasado en México una utilidad neta de 42 mil 860 millones de pesos, que representó 44.6 por ciento de su beneficio bruto global, por encima de lo obtenido en España, Turquía y Estados Unidos.

A pesar de ello, el banco mantiene vigente un plan de despidos masivos en su país de origen; 3 mil 800 trabajadores, más de 16 por ciento de su planta laboral total.

Paradójicamente, a pesar de fallos graves como el de ayer, las entidades financieras privadas mantienen una insistente presión para extender los servicios de banca digital a amplios sectores de la población que se encuentran fuera de ellos y para eliminar el dinero en efectivo en la mayor parte de las transacciones.

Esas presiones, aunadas a las campañas en contra del lavado de dinero, han derivado incluso en una suerte de satanización del papel moneda, cuyo manejo es ya objeto de sospecha automática; amplios sectores de la opinión pública han llegado a pensar que un intercambio de billetes registrado en una videograbación es por sí mismo indicativo de la comisión de un delito.

Resulta necesario reflexionar sobre estos hechos y reclamar a las autoridades financieras y monetarias que refuercen la vigilancia sobre la capacidad real de los sistemas digitales de los bancos para incorporar a nuevos clientes.

Sería pertinente, asimismo, establecer mecanismos que obliguen a los bancos a ofrecer certezas sobre la solidez y la disponibilidad de sus servicios en línea y a asumir sus responsabilidades por las pérdidas y los contratiempos que experimentan sus usuarios cada vez que fallan los cajeros automáticos, los sistemas de banca móvil y banca en línea. Finalmente deben combatirse los prejuicios, tan falaces como clasistas, en contra del manejo de dinero en efectivo.