En las consideraciones sobre el presupuesto federal de 2022, asentadas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), se señala que se seguirá afianzando la recuperación de la economía iniciada a la mitad de este año. Además, establece que se consolidará el proyecto que propuso el gobierno en 2018.
Esto se apuntala en tres pilares: 1. Apoyos sociales para el bienestar, 2. Estabilidad y solidez de las finanzas públicas y 3. Los proyectos regionales que detonen el desarrollo, en especial en la zona sur-sureste, e impulsen el empleo y la productividad.
Todo proyecto que involucra la consecución de ingresos suficientes para satisfacer las partidas de gasto que se proponen ejercer exige fijar ciertos supuestos. Éstos se sustentan en el estado de la situación existente y en un conjunto determinado de expectativas de comportamiento referidas a ciertas variables y a las relaciones que se establecen entre ellas. En todo caso, eso siempre representa un riesgo en cuanto a las estimaciones que se hacen. No hay de otra en el contexto de una gestión convencional de los recursos.
La calidad de las conjeturas sobre la evolución económica es, por lo tanto, un asunto clave del presupuesto. Lo es, aún más, cuando se propone un programa que explícitamente abarca los tres próximos años, como se hace en los CGPE recién presentados.
El asunto se vincula estrechamente con la naturaleza de los objetivos. Los hay de carácter social, que se presentan como prioritarios, y de índole económica, como son los proyectos de inversión pública que están en curso.
Ambos conjuntos están estrechamente conectados, pues los recursos destinados a los programas sociales y, en general, a la política de gasto, provienen de los ingresos derivados de la actividad económica. Se trata de los ingresos tributarios y los no tributarios. Ha de haber un entramado de relaciones entre las dos partes, y tienen que ser consecuentes.
Recientemente se ha tratado acerca de la recuperación de la actividad económica en este año. Los datos básicos del escenario económico indican estimaciones sobre variables clave para el cierre de este año y para 2022, como son: tasa de crecimiento del PIB, inflación, tipo de cambio peso-dólar, tasa de interés, precio del barril de petróleo, crecimiento del PIB total y de las manufacturas en Estados Unidos.
Todas estas variables implican un cierto rango de sensibilidad en cuanto a su impacto en los ingresos y gastos que se prevén en el presupuesto; es decir, el carácter positivo o negativo que representan sus variaciones. Algunos de ellos están explícitamente considerados en los CGPE. Los ingresos y los gastos tienen una determinada dinámica y guardan una cierta proporción; una variable de ajuste es el endeudamiento (interno y externo).
El planteamiento de los CGPE que se plasman luego en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos deriva en el criterio de estabilidad fiscal que se mantiene como objetivo y que es central en la política pública que rige hoy; ésta se basa en la postura adversa en relación con el endeudamiento.
Hay algunas cuestiones que destacan en el contexto general de este presupuesto, tal y como se expone en los CGPE. Tienen que ver con las perspectivas de corto y mediano plazos.
En 2020, por el efecto de la pandemia, el PIB creció a una tasa de -8.3 por ciento, para 2021 se considera una tasa de 6.3 y 4.1 para 2022. El llamado efecto rebote es insuficiente y, además, no se sostiene para el año entrante.
La cuestión se traslada al periodo siguiente considerado en las previsiones de los CGPE. En 2023 la tasa esperada de crecimiento del producto es 3.4 por ciento, que se reduce a 2.8 en 2024 y a partir de 2025 se fija en 2.5 por ciento. Esta dinámica indica, a partir de estos números relativos al presupuesto, que hacia el final de este gobierno se tenderá a una tasa de expansión productiva prácticamente similar a la que había al inicio y que en 2019 ya se había vuelto negativa.
Esta es una condición notoria en materia de gestión económica para la segunda mitad del periodo de gobierno actual. La capacidad de crecimiento se ha asentado en una serie de proyectos de inversión muy definidos: el Tren Maya, el corredor del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.
Estos proyectos deberán probar, primero, su capacidad real para generar desarrollo regional, con mayor empleo e ingresos; luego, alguna capacidad de estímulo extra, lo que se llama un efecto multiplicador que se vincule con la dinámica del resto del país. En cuanto al T-MEC, sus beneficios derivan del incremento de la inversión productiva extranjera y nacional. Ésa es una vertiente diferente.
Del largo plazo no se dice nada. La sociedad y su gobierno debieran proyectar las necesidades futuras y prepararse para satisfacerlas, y con margen para lo inesperado. Ahí está anclado el sustento del bienestar. El presupuesto no apunta en esa dirección que, además del aspecto social y económico, debe abarcar otras dimensiones. Ese tema está pendiente en el país. Faltan horizontes y perspectivas.
