Ciudad de México. Integrantes del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, promovieron un juicio de amparo en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, contra las modificaciones a la Norma de Ordenación número 26, que facilita construcción de vivienda de interés social en la Ciudad de México.

Gil Reyes Fernández, vocero de la organización, manifestó que la iniciativa que se encuentra en el Congreso local, permitirá el aumento de niveles en edificios para vivienda y que constructoras edifiquen en pueblos y barrios originarios.

“Esto tolera a constructores edificar en estas zonas. Lo que tratamos y exigimos a las autoridades es que nos consulten si queremos que se apruebe la norma 26. No queremos grandes construcciones como sucedió en el barrio de Coyoacán”.

De acuerdo con los promoventes del amparo, el 3 y 4 de agosto pasados, se publicaron decretos que establecen que no se realizarán visitas de verificación, suspensiones o clausuras en las obras en construcción, hasta enero del 2022.

Agregaron que supuestamente en las vías primarias de prácticamente la mitad de Ciudad de México (salvo Iztapalapa, Xochimilco, Iztacalco, Tláhuac y Milpa Alta) se les permitirá a los constructores iniciar de forma inmediata sus edificaciones sin tener que realizar previamente ningún estudio de impacto ambiental o urbano o de disponibilidad de agua.

Pero no sólo eso, aseveraron que las empresas del ramo tendrán seis meses para obtener los permisos (ya con obras en curso). “Por otra parte, el pasado 3 de septiembre se publicaron modificaciones a la norma 26 que permiten mayor densificación en los edificios que se construyan.

“Los pueblos y barrios originarios sí queremos vivienda digna para nosotros y nuestras familias, pero el Congreso de Ciudad de México hizo caso omiso de nuestra solicitud de consultar las modificaciones a la norma 26, ya que, en su caso, los programas de vivienda deben surgir de nosotros, y deben ser culturalmente adecuados. Los decretos y modificaciones publicadas son susceptibles de afectar los derechos de todos y todas las habitantes de Ciudad de México, a un medio ambiente sano, al agua. Queremos un territorio para todas y todos, y para las generaciones futuras”, señalaron los inconformes.