Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la Recomendación 03/2021 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, por detenciones ilegales y arbitrarias de 37 personas, quienes se encuentran en los reclusorios varoniles Norte y Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

De enero del 2018 a diciembre del 2021, la CDHCM abrió 959 expedientes sobre casos vinculados a hechos donde las personas peticionarias refirieron una detención ilegal o arbitraria, precisó su presidenta Nashieli Ramírez Hernández.

Mientras, de 1994 a 2019 se emitieron 102 recomendaciones, de las cuales 52 corresponden al periodo comprendido entre el 2011 y 2019, es decir, dentro del periodo de tiempo relativo a los hechos que ocurrieron estos 22 casos documentados.

La investigación realizada por la primera visitaduría a cargo de Juan Carlos Arjona, detalló, acreditó la violación al derecho, al debido proceso, a la presunción de inocencia al ser exhibidos en medios de comunicación, y a la propiedad privada.

Las detenciones ilegales y/o arbitrarias podrían ser por la falta de supervisión de las propias instituciones, que estarían tolerándolas, y responderían a un perfilamiento de las víctimas asociado al nivel socioeconómico, entre otras categorías.

Con el registro Nacional de Detenciones, instaurado en abril pasado, deben eliminarse los incentivos para estas detenciones, por lo que ambas dependencias deben realizar las acciones necesarias para coadyuvar con la inscripción de las víctimas directas e indirectas.

Dicho registro tendría que eliminar también los porcentajes tan altos de información no especificada en las detenciones, cómo es que en el 62 por ciento de los casos no se conoce el género de la persona víctima de la violación al principio de legalidad.

Además de emitir un reconocimiento de responsabilidad individualizado por escrito donde den cuenta de esas detenciones; e informar de los procedimientos administrativos o penales que se hubieran iniciado en contra de servidores públicos, y el estado que guardan.

El dar vista a las autoridades revisoras o competentes de los casos donde resulte procedente iniciar una investigación o incluso de aquellos que por omisiones hayan prescrito, es otro de los puntos considerados en esta Recomendación, destacó.

Recordó que, en el Censo Nacional de Derechos Humanos federal y estatal del Inegi se registraron 7 mil 393 expedientes de quejas, presuntamente violatorio de derechos humanos en las instancias de seguridad y justicia en 2019, por hechos atribuibles a detenciones arbitrarias.

El orden jurídico nacional establece sólo tres hipótesis para llevar a cabo la detención legal de una persona: una orden de aprehensión, flagrancia o un acuerdo urgente emitido previamente a la detención material.

Para ambas dependencias, en estos casos, fueron la supuesta flagrancia, un acuerdo para detener al individuo y la petición de parte, aunque se acreditó en la investigación realizada el ingreso injustificado a domicilio o detención sin orden judicial.

Así como el uso indebido o excesivo de la fuerza, la dilación en la puesta a disposición, la exhibición en medios, la falta de información de la persona detenida y la incomunicación, por lo cual es necesario un viraje en la estrategia para erradicar estas conductas.

El primer visitador de la CDHCM destacó que estas 37 personas vieron transformar su vida, por el actuar irregular de servidores públicos de la SSC y FGJ, instituciones que fallaron por la comisión de detenciones ilegales o arbitrarias.

Asimismo, fueron incapaces de instalar mecanismos de investigación oficiosa de los actos que afectan los derechos de las personas, contribuyendo así con la impunidad de los hechos violatorio de los derechos humanos.

Mencionó que, historias personales de las víctimas de esta recomendación incluyen a una que ya no recuerda incluso como era su vida en libertad u otra que no pude estar presente en el nacimiento de su hija y sólo puede imaginarse su rostro a partir de la voz que escucha.

Por ello, esta Recomendación además de trazar un camino hacia la reparación integral de las víctimas directas e indirectas, busca mostrar a las autoridades las fallas en su actuar y el incumplimiento de velar por la seguridad y justicia de la población, pues varios de los servidores públicos involucrados en estos casos, siguen laborando en dichas instituciones.