La política pública para hacer frente al trabajo infantil agrícola “se ha centrado en la erradicación, sin atender de fondo los problemas estructurales”, afirmó Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

“No se puede sacar de un surco a una niña, niño u adolescente si no se garantiza de entrada su acceso real a espacios educativos, sobre todo seguros, como un albergue o una instancia infantil”, destacó en la sesión La migración interna e internacional de trabajadores agrícolas, del seminario Procesos y actores de la población, convocado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Añadió que mandar a los menores a las viviendas que rentan sus padres, “donde una persona de la tercera edad o un hermano mayor tengan que cuidarlos, no significa que se estén garantizando sus derechos plenos”.

Además, dijo, los adolescentes a quienes no se permite trabajar pero son padres o madres, también necesitan alternativas.

Nemecio señaló que los menores deben tener garantías en el tema de la alimentación y la seguridad jurídica, es decir, poseer documentos oficiales.

Expuso que las cifras obtenidas apuntan a que en México hay entre 2.5 y 3 millones de personas jornaleras en la actividad agrícola, pero si se suma a los integrantes de familia, se habla de entre 8 y 9 millones.

Refirió que uno de cada cinco de ellos son indígenas; alrededor de 93 por ciento de la población no tiene contrato, mientras 90 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo.

Además, 85.3 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y poco más de la mitad percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos. De los jornaleros, 45.2 por ciento tienen de 15 a 29 años de edad, y de cada 100, 15 son mujeres.