La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgó un amparo contra la Ley General de Comunicación Social y ordenó al Congreso de la Unión que la revise para subsanar sus deficiencias, entre ellas las relacionadas con la publicidad oficial.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, señaló que el uso discrecional de los recursos públicos que se ha observado que las autoridades han realizado durante años, “en la práctica puede tener efectos equivalentes a la censura, por premiar o castigar a medios según sus posiciones”.
Por ello, dijo, la decisión de la SCJN “es de suma importancia porque busca garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con la intención de limitar la pluralidad y la diversidad de los medios informativos a los que tiene acceso la sociedad mexicana, conforme a los estándares internacionales”.
Recordó que la primera sala de la Corte determinó que la citada ley no cumplía con el artículo 134 constitucional, al omitir la inclusión de procedimientos y criterios que regularan el gasto en comunicación social y limitaran la discrecionalidad en la asignación de éste. “Esta omisión legislativa contiene serios riesgos para la libertad de expresión”, añadió.
“El Congreso de la Unión tiene ahora la oportunidad, en su actual periodo de sesiones, de integrar en la legislación mexicana los estándares internacionales y las reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas a México en materia de libertad de expresión, de forma que se asegure que los recursos destinados a la publicidad oficial estén efectivamente puestos al servicio de los intereses de la sociedad”, mencionó Fernández-Maldonado.
