Gas Bienestar acusó a repartidores del combustible, que ayer participaron en un paro de labores, de ser parte de un boicot promovido por personas ajenas a la empresa.
Choferes y operadores reclamaron el pago completo de sus salarios, ya que recibieron menos de 50 por ciento (lo cual fue negado por la filial de Petróleos Mexicanos), por lo que decidieron suspender el reparto en Iztapalapa.
Los inconformes impidieron la salida de vehículos de las instalaciones ubicadas en la avenida Añil, alcaldía Iztacalco, pues señalaron que se les prometió un salario de 8 mil pesos mensuales, en el caso de los conductores, y 6 mil para los ayudantes, pero los contratos entregados sólo especifican el pago de la mitad.
La filial de Pemex señaló que cumple con todos los derechos y prestaciones de ley a sus trabajadores, incluso superiores a los de otras gaseras. “Con estricto apego a las condiciones señaladas en la convocatoria se les proporciona sueldo base, prestaciones de ley y seguridad social al 100 por ciento”.
Agregó que “en la movilización organizada con paro de actividades en una terminal de abastecimiento y distribución existen elementos para considerar que es una acción promovida por personas u organizaciones ajenas a la empresa y que buscan boicotear este proyecto de beneficio social”.
Expuso que durante el periodo de capacitación a los aspirantes les otorgó un contrato que cubriría su salario y seguridad social, “Gas Bienestar aclara que no hay incumplimiento del contrato y no obliga a nadie a laborar en una empresa creada en beneficio de las personas con menos recursos y que genera empleos en la Ciudad de México y en el país”.
Por otra parte, luego de tres semanas de reportar olor a gas, el cual se intensificó en días recientes, habitantes de la colonia Nueva Vallejo bloquearon la avenida de ese nombre, en su cruce con Poniente 128 ,en la alcaldía de Gustavo A. Madero.
Relataron que desde que se instaló una planta de Gas Bienestar solicitaron información a Pemex ante posibles riesgos, pero no han tenido respuesta, por lo que recurrieron a diferentes instancias locales y federales para que les garanticen seguridad y revisen la nueva planta, por lo que al no recibir respuesta y ante el temor a un siniestro decidieron cerrar la avenida, lo cual afectó de manera severa el tráfico vehicular en esa zona.