La próxima semana 40 hombres recluidos en penales de la Ciudad de México serán liberados como parte del decreto presidencial que instruyó excarcelar a víctimas de tortura, adultos mayores que tras 10 años de prisión no hayan sido sentenciados y enfermos en situación de vulnerabilidad, informó el gobierno capitalino.
Luego de que ayer se publicara el acuerdo correspondiente en la Gaceta Oficial, las autoridades señalaron que habrá un agregado con visión de género, en beneficio de mujeres que estén encarceladas para que, ya sea por injusticia o humanidad puedan salir.
Indicaron que se revisan todos los expedientes de las personas privadas de la libertad que puedan acogerse a este decreto. “¿De qué se trata? De que las personas que tienen delitos de bajo impacto que no han sido sentenciadas –muchas de ellas con el Sistema Penal Acusatorio anterior– y que ya prácticamente hayan cumplido su condena, puedan ser liberadas; las personas que hayan tenido alguna situación de tortura durante su detención y también las de cierta edad o que estén padeciendo alguna enfermedad grave”.
Según lo dispuesto entre la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Ciudadana, se coordinarán para analizar la información contenida en las bases de datos de las personas privadas de su libertad a fin de verificar quiénes cumplen con los requisitos previstos.
En apego a ese decreto, la Fiscalía General de Justicia informó que desde el jueves pasado Jonathan N, un joven que había sido acusado de secuestro, abandonó el Reclusorio Norte por razones humanitarias, “pues presentaba un desgaste emocional y de salud, con lo que se advertía una afectación a su derecho a recibir una atención médica especializada”.
Él fue detenido en mayo de 2011 y sentenciado a 70 años por plagio, luego de que uno de los detenidos declaró que sí participó en el delito de privación ilegal de la libertad en contra de dos personas que circulaban a bordo de un vehículo sobre calles de la colonia Lindavista, en Gustavo A. Madero.
Según la indagatoria, las víctimas aseguraron que los sujetos las amenazaron con armas de fuego y las privaron de su libertad, pero una de las personas afectadas fue liberada calles adelante, mientras la otra fue trasladada a una casa de seguridad. Posteriormente los familiares recibieron llamadas telefónicas en las que exigieron dinero a cambio de la liberación, lo que ocurrió tres días después. Sin embargo, los coacusados señalaron que “el procesado no participó en los hechos”.
