Ciudad de México. En sesión extraordinaria del 39 Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de manera unánime, estudiantes, profesores, directivos, decanos y trabajadores rechazaron la iniciativa aprobada el 3 de septiembre pasado por la 64 Legislatura del Congreso de Hidalgo, con la que se pretende crear una nueva ley orgánica –sin previa consulta a la comunidad–, y la cual los diputados locales acordaron enviar al Congreso de la Unión.

El director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, señaló que el Politécnico “rechaza categóricamente cualquier punto de intromisión que atente contra el cumplimiento de sus objetivos históricos”, mientras estudiantes y académicos calificaron la acción del Congreso hidalguense de “agresión” y “traición” al instituto.

Durante la sesión, que duró cerca de siete horas, pidieron que se esclarezca el origen de la citada propuesta, que fue presentada por los diputados locales Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas, de Morena, y con la cual se pretende derogar la Ley orgánica de 1981.

Ante ello, el Consejo General Consultivo, máximo órgano colegiado del IPN, exhortó al Congreso de la Unión a no dar entrada a iniciativas de reformas a dicha ley que no provenga de su comunidad. Alejandro Garduño, secretario general de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que el Congreso estatal “aprobó al vapor y sin discusión” la iniciativa bajo el argumento de que provenía de una propuesta ciudadana, “según ellos de un grupo de maestros investigadores democráticos del Politécnico, que a la fecha, si es que existen, no han dado la cara, por lo tanto, la consideramos como una traición”.

Exigió al Congreso estatal que se retracte “de este atropello” e informó que el miércoles pasado tuvieron una plática con el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, a quien externaron “la inconformidad”.

Garduño indicó que lo aprobado por el Congreso estatal “debe ser un mensaje de alerta” porque “no será la última vez que estos grupos pretendan apropiarse del Instituto Politécnico Nacional, con falsas promesas, como mayor libertad en el ejercicio presupuestal o la propiedad de sillas o mesas, a costa de la privatización de la educación pública”.

Nahomi Trejo, vocera de los consejeros alumnos, señaló que este tipo de intromisiones al IPN “violan de manera flagrante los derechos de la comunidad politécnica”.