La bancada de Morena en el Senado accedió a modificar la minuta de ley de juicio político y declaración de procedencia para tratar de lograr consenso en torno a varios artículos de ese ordenamiento, en los que, a juicio de la oposición, se vulnera la autonomía de los congresos locales, por lo que la discusión del dictamen ante el pleno se aplazó para el lunes.
Cualquier cambio implica que la minuta regrese a la Cámara de Diputados, comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien pidió a los legisladores de San Lázaro entender que no hay ningún diferendo ni ánimo de “enmendarles la plana”.
La intención es “cumplir nuestra obligación constitucional “de actuar como cámara revisora y evitar que la ley se judicialice, comentó el también coordinador de Morena. Explicó que intenta, “con gran flexibilidad”, lograr acuerdos con PAN, PRI, MC y PRD en torno a esa minuta, como se hizo con la de revocación de mandato.
Desde temprano hubo negociaciones entre Morena y el bloque opositor, cuyos integrantes insisten en que en esa minuta, aprobada sin cambios en comisiones, no se respeta el federalismo. El panista Damián Zepeda señaló que se pretende que los congresos locales acepten las resoluciones de la Cámara de Diputados sobre desafuero de gobernadores, como si fueran “oficialía de partes”, en lugar de que “en el marco de sus atribuciones lleven a cabo lo que corresponda”.
Así se establece en la Carta Magna y no puede ser cambiado en una ley secundaria, destacó Zepeda; advirtió que mientras no cambien eso, el PAN votará en contra.
Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, comentó que parece que hay ánimo de entendimiento y se busca construir una ley de consenso, por el bien de todos, ya que la minuta tiene visos de inconstitucionalidad.
Ese tema ha estado inmerso en la controversia a partir de la determinación de la Legislatura local de Tamaulipas de rechazar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados, salvándolo así de ser sometido a proceso penal. Es un asunto que llegó a la Suprema Corte y no se ha resuelto.
Monreal consideró que la oposición “está muy sensible por el momento político, pero no hay ninguna intención en todo el cuerpo de esa ley de juicio político que pueda interpretarse como instrumento de venganza o de persecución contra algún gobernador o servidor público de los que menciona la Constitución que disponen de fuero”.
Morena y sus aliados, señaló, cuentan con los votos para aprobar esa norma, pero en lugar de imponer su mayoría prefirieron hacer hasta el último esfuerzo para llegar a acuerdos y consensos.
