El último día de su encargo como diputados locales de Morena, Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas propusieron y lograron que el Congreso del estado de Hidalgo aprobara un acuerdo para solicitar al Congreso federal que derogue la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), vigente desde diciembre de 1981, y cree una nueva.

Obviamente, tal pretensión intromisoria ha generado una inmediata reacción adversa de la comunidad politécnica, tanto en sus órganos de gobierno como en manifestaciones callejeras, como la realizada ayer por profesores y alumnos de ese instituto (https://bit.ly/38UDAKv). Del Casco de Santo Tomás y de Zacatenco salieron sendas marchas que desembocaron en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. De ahí caminaron con la intención de llegar a Palacio Nacional, pero fueron impedidos por vallas de seguridad, así que se trasladaron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos de manera rutinaria por el área de Atención Ciudadana.

Los politécnicos consideran que este entrometimiento desde Hidalgo amenaza a los profesores, en cuanto a sus emolumentos y prestaciones, a los estudiantes en cuanto a la posibilidad de cobrarles cuotas más elevadas y a la comunidad en general en cuanto a desestabilización proveniente de fuerzas o personajes políticos que no identifican. La propuesta hidalguense busca que el IPN se convierta en un organismo descentralizado y podría abrir puertas a su privatización, según denuncian los inconformes.

En realidad, el acuerdo del Congreso de Hidalgo debería tener pocas probabilidades de progresar en el ámbito federal, pero ha puesto de manifiesto, de una extraña manera, los diversos factores de poder que convergen en el control del IPN: el aparato institucional de representación de este instituto (el director general, el inmunólogo Arturo Reyes Sandoval, el Consejo General Consultivo, los consejeros alumnos) se activó en contra del mencionado acuerdo hidalguense (https://bit.ly/3hfqRX9) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su dirigente, Alonso Cepeda, consiguió que el dirigente de la sección de ese sindicato en el Politécnico, Alejandro Garduño, dialogara sobre el tema con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Cabe mencionar que aun cuando pasa por malos tiempos el llamado Grupo Universidad, que con Gerardo Sosa Castelán controló durante largo tiempo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e influyó notablemente en la política oficial en la entidad, los promotores de este acuerdo intromisorio han tenido relación con tal facción. Recuérdese que ese grupo de Sosa Castelán (ahora preso, acusado de delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.) consiguió en 2018 nueve diputaciones locales de las 30 del Congreso estatal.

Respecto al promovente Baptista González, ahora ex diputado, ha hecho carrera política en el Partido de la Revolución Democrática y luego en Morena, es egresado de Economía del propio IPN y ahora ha regresado a ocupar una regiduría plurinominal en Tula.

El punto de referencia de Hidalgo con el IPN es que en esta entidad hay un campus del instituto. Pero las aguas politécnicas han contenido durante décadas los intereses de políticos priístas y de grupos porriles, sin vida democrática verdadera y un sostenido sometimiento al timón presidencial en turno o sus allegados. La ahora ex diputada Zitle argumentó que el IPN no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio y que de los 97 inmuebles que ocupa, sólo es propietario de 25 (https://bit.ly/3z0Eobp).

No parecieran propicios los tiempos que corren para agregar a sus turbulencias las del Politécnico Nacional. Habrá de verse si todo fue una ocurrencia de fin de legislatura hidalguense o hay otros propósitos en esta maniobra que, por lo pronto, ha hecho a los politécnicos cerrar filas (https://bit.ly/3BYTqQU) contra tan extraño intento de intromisión. ¡Hasta el próximo lunes!

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