Ciudad de México. La tortura en México fue en el pasado una práctica constante y generalizada que no se ha podido erradicar del todo, por ello, el reto de combatirla es enorme y ningún esfuerzo será suficiente para aportar a favor de la prevención del delito y la protección a las víctimas, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por su parte, el Embajador Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó que hoy en día la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, cuentan con 172 Estados, lo cual demuestra la importancia concedida a la lucha contra una de las más recuentes y graves violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, lamentó que a pesar de esta notable evolución normativa y la prohibición absoluta, “la práctica de la tortura persiste en muy diversos contextos nacionales independientemente del grado de desarrollo político, económico y social de los Estados. Incluso podemos decir que se ha agravado en tiempos de pandemia a partir de mayores restricciones de los derechos humanos y de las libertades gubernamentales y la lucha contra el terrorismo en una era de conflictos de mayores estados de excepción y el uso excesivo de la fuerza violan con mayor frecuencia disposiciones centrales de los instrumentos de derechos humanos incluida en nuestra convención”.

Añadió que la brecha entre la prohibición de la tortura y su utilización en la realidad subraya la necesidad de mejorar la implementación local de los estándares internacionales.

Llevar el tema de tortura a la agenda nacional

Al inaugurar el seminario sobre la práctica ética del ejercicio médico en la aplicación del Protocolo de Estambul, Piedra Ibarra dijo que es necesario eliminar la tortura en el país, lo cual será posible si estos temas se llevan a la agenda nacional, para incidir a favor de todo aquello que evite que se cometan violaciones a los derechos humanos. “La tortura es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo momento; es la expresión máxima del abuso de poder y una violación a los derechos humanos injustificable”.

Por ello, apuntó, es necesario lograr que la actuación de las autoridades se conduzca respetando los derechos humanos, lo que traerá como resultado un trato digno en la interacción con las personas y el desarrollo de sus funciones conforme a derecho. “La obligación de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura tiene además un papel central en la prevención, y no tendrá resultados duraderos si se mantiene un clima de impunidad”.

Añadió que, si bien hay herramientas como el Protocolo de Estambul, sin la profesionalización y compromiso de los funcionarios públicos, peritos y personal que tiene bajo se resguardo a víctimas de violaciones a derechos humanos, nada será suficiente para erradicar las prácticas que deriven en violaciones a sus derechos.

“Las normas éticas que deben regir el actuar de los profesionales de la salud y del ámbito jurídico, se establecen fundamentalmente de dos maneras: mediante instrumentos internacionales preparados por organismos como las Naciones Unidas, y mediante códigos de principios preparados por los propios profesionales, mediante sus asociaciones representativas, en el ámbito nacional o en el internacional”.

“Las obligaciones que impone el derecho internacional y el derecho interno de los derechos humanos en materia de tortura, también pueden ser herramientas poderosas para erradicarla y para generar mayor confianza en la población, hacia las fuerzas encargadas de cumplir la ley. La erradicación efectiva del maltrato en todos los órdenes no es tarea sencilla. Es necesario la suma de esfuerzos, de compromiso individual y colectivo para evitar que este tipo de prácticas se sigan repitiendo”.

Reconoció que el papel de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de los profesionales en el tema, representan una fuente inagotable para la capacitación; así como para exigir se cumplan los estándares internacionales pertinentes, para evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.