Organizaciones feministas y de derechos humanos celebraron la resolución “histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, al ser la primera vez en el país que se reconoce que es inconstitucional la criminalización del aborto.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destacó el fallo del máximo tribunal de justicia y llamó a que este criterio sea aplicado en todo el país y que ninguna mujer vuelva a ser criminalizada por interrumpir su embarazo, en línea con los estándares internacionales.
A su vez, Amnistía Internacional México subrayó: “este importante avance de derechos humanos es también un logro de diversos movimientos feministas, mujeres y personas gestantes”.
Ipas, promotor de derechos sexuales y reproductivos, recordó que en México, el aborto era –antes del Covid-19– la cuarta causa de mortalidad materna. La evidencia más clara del beneficio de la no criminalización está en la Ciudad de México, pues de 2007 –cuando la práctica se legalizó– a 2015, la letalidad bajó 75 por ciento. Pasó de 49.8 a 12.3 muertes por cada 100 mil abortos.
Por su parte, Melissa Ayala, coordinadora de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que la decisión de los ministros no lo despenaliza, pues se mantienen los códigos penales que tipifican la interrupción del embarazo como delito y establecen sanciones. Pero jueces y ministros que conozcan de casos de mujeres acusadas por habérselo realizado no podrán enviarlas a la cárcel, porque eso va contra de la Constitución.
Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, destacó que la sesión de ayer de los ministros de la Corte también fue histórica por el nivel de discusión, pues se reconoció la laicidad del Estado y la autonomía de las personas con capacidad de gestar, “lo que nunca habíamos visto”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló: “implica un avance en la erradicación de la discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres y personas gestantes. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México expuso que con la decisión de la SCJN se protege el derecho a decidir de las mujeres sin coerción sobre su proyecto de vida y maternidad elegida, bajo las consideraciones morales propias de la esfera interna de las personas.
