Ciudad de México. Ante las denuncias que han hecho defensores y periodistas sobre las amenazas y actos de hostigamiento de las cuales han sido víctimas durante su labor en el contexto del flujo migratorio en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron al Estado mexicano a garantizar condiciones adecuadas y seguras para que estas personas puedan realizar su legítimo trabajo de monitoreo, documentación y comunicación.

Ambos organismos indicaron que han tenido conocimiento de estas agresiones que defensores de derechos humanos y comunicadores han sufrido por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y funcionarios públicos, como consecuencia de su legítima actividad monitoreando y documentando lo que sucede con los migrantes en Chiapas. Condenaron estos actos de amedrentamiento y la obstaculización de la labor de estas personas.

En un pronunciamiento conjunto, llamaron al INM, a la Guardia Nacional y a el resto de autoridades involucradas a garantizar que los compromisos del Estado mexicano, expresados públicamente, de respetar la labor de personas defensoras y periodistas sean efectivamente implementados por su personal participante en los operativos migratorios. “La actuación de los funcionarios públicos debe apegarse a la legalidad y los derechos humanos”.

La CNDH y la ONU-DH recordaron la importante labor que defensores y organizaciones de la sociedad civil realizan para garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a su paso por México. Indicaron que ambos grupos han asumido parte de la respuesta humanitaria a la situación que desde hace tiempo se vive en la zona.

Asimismo, destacaron la labor de periodistas y medios de comunicación, la cual “ha sido fundamental para identificar posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades en las tareas de control migratorio que, incluso, afectarían a distintos grupos en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas y niños y niñas, entre otros”.

De igual manera, la CNDH y la ONU-DH llamaron a las autoridades a garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito; todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.