Ciudad de México. Luego del operativo realizado la madrugada del domingo por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para detener a la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, organizaciones de derechos humanos y periodistas exhortaron al gobierno federal a frenar los actos de represión, aprehensión y violencia en contra de las personas.
VIDEO: Disuelven la caravana migrante en Huixtla, Chiapas.
Activistas y comunicadores que acompañan a quienes buscan llegar a Estados Unidos también exigieron la aplicación de medidas que resuelvan las causas que originan el desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que han ofrecido asistencia humanitaria para contrarrestar las condiciones de marginación en las que se encuentra la población de migrantes.
GALERÍA: Desarticulan la caravana migrante en Huixtla, Chiapas.
Las agrupaciones que forman parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano y periodistas señalaron que seguirán acompañando la caravana para visibilizar su situación y “asegurar que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano”.
También hicieron un llamado a “no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido”, los cuales han sido denunciados públicamente.
Solidaridad y empatía
En un comunicado, los activistas llamaron a fortalecer la solidaridad entre las comunidades, generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar la vida, buscar protección y luchar por una vida digna.
“Hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna”, subrayaron.
Asimismo, solicitaron apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas y a otras organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la situación que enfrenta la caravana migrante y exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.