Ciudad de México. La Secretaría de Economía carece de atribuciones para incidir en materia educativa y busca imponer la norma oficial mexicana (NOM) 237 a escuelas privadas, en perjuicio de éstas y de los padres de familia, ya que implicará una sobre regulación e invasión de facultades y violación al Estado de Derecho, señalaron organizaciones de colegios particulares.

Estimaron que para enfrentar la carga de cumplimiento generada por la NOM-237, las instituciones particulares de educación tendrían que elevar las colegiaturas entre 12 y 15 por ciento, sólo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta tres meses y 15 días en los pagos que deben realizar los padres de familia -que establece el proyecto de esa norma-. Esto no considera los costos administrativos y operativos que se generarán por tener que certificar un nuevo proceso, indicaron.

La Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), entre otras organizaciones de colegios particulares en un comunicado advirtieron que durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 desertaron casi 400 mil alumnos, de 3.7 millones inscritos, lo cual ha sido un golpe para las instituciones particulares de educación, sobre todo a las más pequeñas que ya cerraron. Se prevé que cuatro de cada diez escuelas privadas desaparecerán, es decir cerrarían de 18 mil 600 escuelas particulares y la matricula bajaría de 30 a 60 por ciento.

Precisaron que con la norma tendrían que dejar de exigir el pago de colegiaturas durante 3 meses y 15 días, pero “si la escuela no cobra, cómo va a pagar las nóminas, que es la justa retribución por su ejercicio profesional. Esta es una disposición discriminatoria, y que genera corrupción. Esto fue copiado de un acuerdo de 1992”.

Se dejaría de percibir del 25 por ciento al 35 por ciento de los ingresos anuales, sin tomar en cuenta que los flujos de operación mensuales serán afectados y llevaría a las instituciones particulares a contratar créditos para pagar la nómina y el resto de los costos de operación, lo que aumentaría el gasto de 12.7 a 14.6 por ciento. Además tendrían que certificados cada dos años

Pidieron al gobierno federal “hacer un alto y desestimar ya no sólo la construcción viciada de esta NOM, sino olvidarse imponer una sobre regulación que, como ya hemos dicho, es inconstitucional y generará perjuicios en el sector que le corresponde y sus actores, que son los padres de familia que desean acudir a otras opciones de enseñanza más allá de las que tiene el Estado Mexicano y nuestras representadas”.L