Ciudad de México. Una mayoría calificada de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han manifestado ya por declarar inconstitucional el castigo penal que se aplica en Coahuila a las mujeres que deciden abortar.

Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, explicó que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez en que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncia sobre el derecho humano de la mujer a determinar sobre su cuerpo, “sobre ser madre o no”.

De acuerdo a la última reforma constitucional al Poder Judicial, si al tomar votación se confirma la mayoría calificada, la decisión de la SCJN tendrá efectos generales, anulando la prohibición absoluta del aborto en todo el país.

Ninguno de los ocho ministros que intervinieron en la discusión en la sesión de este lunes se manifestó en contra del proyecto del ministro Aguilar. La discusión y votación de este asunto se realizará este martes.

Aguilar propone invalidar la mayoría de los artículos del Código Penal de Coahuila que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo pues “no tiene cabida ninguna postura paternalista que diga que las mujeres deben ser protegidas de la toma de sus propias decisiones, ni tampoco un control estatal basado en prejuicios.”

Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que no es el papel de la Corte enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo, lo que asumen es analizar si es válido o no condenar a prisión a quienes toman esta opción.

Afirmó que, con base en los artículos 1º. y 4º. de la Constitución, sí existe un derecho al aborto, y pidió a los ministros asumirlo sin medias tintas.

En esto coincidió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien sin embargo advirtió que para ello sería necesario establecer el límite mínimo para que un aborto voluntario sea legal, y citó los parámetros de otros países que van desde las 12 a las 24 semanas de gestación.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que ninguna mujer desea abortar, pues son las circunstancias particulares de cada caso las que llevan a tomar esta decisión, y por ello el problema no se soluciona con criminalizar su práctica, pues con eso únicamente se causa que mueran más mujeres en abortos clandestinos efectuados en condiciones insalubres y por personas poco capacitadas.

A su vez, la ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que las creencias personales no son compartidas por todos, y por ello no pueden ser adoptadas y defendidas por el Estado sin violar su carácter laico y los derechos humanos.

Advirtió que penalizar con cárcel el aborto en realidad no busca la protección de un supuesto derecho a la vida, sino que castigan la conducta sexual de la mujer, limitando su libertad.