Con el propósito de que la Fiscalía General de la República (FGR) se dé por satisfecha y considere reparado el daño causado por los sobornos recibidos de Odebrecht y Altos Hornos que ascendieron a 13.5 millones de dólares, el ex director de Pemex Emilio Lozoya ofreció entregar dos de sus residencias, una de ellas en la Ciudad de México y la otra en Ixtapa Zihuatanejo, las cuales presuntamente habría adquirido con ese dinero recibido entre 2012 y 2015.
El órgano federal se ha negado a aceptar el trato, por ello no se han concretado dos asuntos.
El primero está relacionado con el acuerdo reparatorio y que el Ministerio Público Federal abra la posibilidad de presentar el desistimiento de los cargos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que hoy enfrenta en dos procesos penales Lozoya Austin, revelaron funcionarios federales.
El segundo tiene que ver con el ámbito judicial donde, para evitar que se inicie la etapa de juicio en contra de Lozoya, se presente el convenio reparatorio y otro convenio en el que la FGR se da por satisfecha en cuanto a las pruebas aportadas por Lozoya Austin en contra de otros ex servidores públicos que hayan participado en delitos como lavado de dinero o desvíos de recursos gubernamentales para impulsar, entre otras cosas, la aprobación de las llamadas reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De esta manera, está pendiente que se defina la carpeta de investigación iniciada en contra del ex secretario Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, así como del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque el Ministerio Público –en caso de no contar con pruebas suficientes que acrediten la participación del ex mandatario– puede decidir sólo acusar a uno de ellos por enriquecimiento ilícito, desvíos de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la defensa de Lozoya Austin ha buscado que las entregas de una residencia que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, con un valor estimado en más de 35 millones de pesos, y una residencia en el puerto turístico de Ixtapa Zihuatanejo, con valor de 2 millones de dólares, sean lo que cubra el daño patrimonial que las acciones del ex director de Pemex causó al otorgarle contratos a la empresa brasileña Odebrecht y también con la compra de Agronitrogenados (una compañía en quiebra y sin funcionar durante una década) con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.
Estas acciones son independientes de los casos que enfrentan el empresario y accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien se benefició de la venta de Agronitrogenados, y por los sobornos que recibió el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.
