Las votaciones en la planta General Motors, en Silao, Guanajuato, –en las que se rechazó el contrato colectivo que estaba vigente–, han provocado que los trabajadores de otras organizaciones sindicales cetemistas, sobre todo en la frontera norte del país, participen de manera activa en los procesos de legitimación de los convenios para sacudirse el control de esa central, señalaron activistas laborales.
Se trata de obreros de las maquiladoras Parker Brownsville Servicios y Tricon de México, en Matamoros, Tamaulipas, quienes en dos procesos de legitimación distintos –realizados en la última semana de agosto– votaron en contra de los contratos colectivos (CCT) que estaban en manos de un par de organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Susana Prieto Terrazas, asesora laboral de los trabajadores y ahora diputada federal de Morena, señaló que a partir del caso de la automotriz en Silao, que captó atención internacional, “surgió una ola de votaciones” respecto a la legitimación de CCT.
“Los trabajadores de General Motors Silao se convirtieron en un pilar para que el resto de los obreros en el país abran los ojos y corroboren que no pierden una sola prestación y conservan sus derechos incluso cambiando de sindicato”, como lo ha señalado la autoridad laboral, apuntó.
En entrevista, María del Rosario Moreno, secretaria general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32, coincidió en que el caso antes citado “abrió el camino” para que en otras empresas los trabajadores “se libren de esos representantes de obreros” que no han defendido sus derechos laborales.
“En Matamoros, el movimiento obrero está serio, pero no apagado. En el momento que tengan que responder, lo van a hacer,” como en 2019 cuando 45 maquiladoras de la Ciudad Industrial en la zona fronteriza entraron en paro luego de que los trabajadores iniciaran una lucha para pedir mejoras salariales.
La representación legal de los asalariados –equipo jurídico de la abogada Susana Prieto– y Rosario Moreno anunciaron que el sindicato que representa disputará la titularidad de ambos contratos, una vez que la autoridad laboral emita, tras los 20 días hábiles que tiene de plazo legal, la resolución.
Tras las votaciones, “los sindicatos se siguen comportando de lo peor, hostigando a los trabajadores, pidiéndoles que firmen un documento o de lo contrario los van a despedir”, con el propósito de que con sus rúbricas puedan sustentar supuestas anomalías y pedir la revocación de la consulta por medio de las cuales los obreros decidieron no continuar con estas organizaciones, indicó la dirigente.
