Austin. Una juez estatal emitió ayer una orden que protege, por ahora, a las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo, derivadas de una nueva ley estatal.

La orden temporal de restricción –girada por la juez estatal de distrito Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de la organización Planned Parenthood– no interfiere con la ley. Sin embargo, sí protege a las clínicas de demandas del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo y 100 individuos no identificados. El 13 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en torno a una solicitud para un interdicto preliminar.

La ley, que entró en vigor el miércoles, permite a toda persona en el estado demandar a cualquier individuo vinculado con un aborto en el que se hubiera detectado actividad cardiaca en el embrión, lo que sucede generalmente a las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres aún no se han percatado de que están embarazadas.

En una petición presentada el jueves por la noche, Planned Parenthood indicó que entre 85 y 90 por ciento de las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo en Texas tienen al menos seis semanas de gravidez.

La orden “ofrece protección a los valientes trabajadores de la salud y al personal de los centros de Planned Parenthood en todo Texas, que han seguido ofreciendo atención médica lo mejor que pueden dentro de la ley mientras enfrentan vigilancia, hostigamiento y amenazas de voluntarios armados ansiosos por detenerlos”, señaló Helene Krasnoff, portavoz de Planned Parenthood, en un comunicado.

Sin embargo, la orden no desalentará a Texas Right to Life, dijo Elizabeth Graham, vicepresidenta del grupo. En un comunicado, la organización señaló: “Esperamos que un tribunal imparcial rechace la demanda de Planned Parenthood. Hasta entonces, continuaremos nuestras gestiones diligentes para asegurar que la industria de los abortos cumpla completamente” con la nueva ley.