Tlapa de Comonfort, Gro., Los campesinos guerrerenses que abandonan sus comunidades indígenas para trabajar en los campos agrícolas del norte del país viven en la zozobra y a expensas de grupos económicos o de la delincuencia organizada, sin derechos laborales ni prestaciones, señala Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Los empresarios no se hacen responsables, porque no hay contratos; les pagan a destajo, no hay relación que comprometa a los empresarios; esos campos son irregulares, es la informalidad agrícola, son negocios vinculados con empresas mayores”. En cuanto a la delincuencia organizada, “ha habido familias enteras asesinadas, a veces sólo por el hecho de cruzar cierto camino”.
Entrevistado en las oficinas del organismo, ubicadas en Tlapa de Comonfort, aseguró que los indígenas jornaleros son víctimas “de la delincuencia organizada, ha habido familias asesinadas como ocurrió hace tiempo en Yurécuaro, que por el hecho de cruzar ‘cierto’ camino mataron a cinco y los dejaron en bolsas”.
En Sinaloa y Zacatecas, para no pagarles, los patrones “les dicen que se vayan porque va a llegar un grupo, porque les dicen: ‘se los van a llevar a todos ustedes’. Tanto sirven para espantarlos, controlarlos, o también para contratarlos; a veces algunos han sido llevados para realizar trabajos ilícitos, los indígenas caen en sus garras, quedan a expensas de cualquier grupo de empresarios o del crimen organizado”.
Expuso que no se vela por sus derechos, “no hay ni siquiera un censo de jornaleros para ubicar cuántos son, y en qué lugares están. Aquí en Tlapa hay camiones que llevan a jornaleros, que no se sabe de qué empresa son.
“Si hay un accidente, el pasajero no va asegurado, o las placas no son las que corresponden al camión; hay un servicio de transporte pirata en todos los sentidos, y nadie lo regula”.
Aún más, “los autobuses van destartalados, llevan alrededor de 50 gentes. Los niños duermen en el pasillo, los maltratan, no les cumplen el compromiso de darles de comer ni les pagan el pasaje que les prometen. Viven un viacrucis que tienen que soportar, porque es la única forma de tener un ingreso, más que del trabajo jornalero”.
Recordó que el Consejo deJornaleros Agrícolas ha documentado que más de 23 mil indígenas salen anualmente de sus comunidades a trabajar en campos de los estados de Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Baja California.
Dijo saber de 15 jornaleros que murieron por Covid-19 en campos agrícolas, tres de ellos menores de edad, pero “los empresarios no se han preocupado por aplicar las medidas preventivas, realizar pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) o promover la vacunación de sus trabajadores”.
