El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso ayer multas por un total de 152.3 millones de pesos a los partidos Morena, PT y MC por financiamiento ilícito.
En sesión extraordinaria, el órgano electoral acordó que en el caso de Morena, la sanción fue por 4.5 millones de pesos, debido a que durante la gestión de Delfina Gómez como alcaldesa de Texcoco, Estado de México, se retuvo 10 por ciento del salario de los trabajadores del municipio, y parte de esos recursos fueron destinados a la campaña de la ahora secretaria de Educación Pública, cuando contendió por una diputación federal en 2015.
Los consejeros electorales condenaron el descuento salarial que se hizo a los servidores públicos y calificaron dicha práctica utilizada por varios partidos como terrible, ominosa, vulgar e inaceptable.
“Cobrar diezmo a los trabajadores es un abuso, lo haga quien lo haga, es pensar que el asalariado debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso pueden quitarle parte de su sueldo”, señaló el consejero Ciro Murayama, quien junto a otros de sus colegas, como José Roberto Ruiz y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, pugnaron por aumentar la multa.
Contra los señalamientos de diversos consejeros en torno a que sólo se podía sancionar por la cantidad que se comprobó que fue a dar a las arcas de Morena, Córdova recordó que en el caso de Pemexgate, las sanciones al PRI se impusieron por pruebas indiciarias que formaban parte de un esquema para obtener recursos de manera ilegal.
Antes, la consejera Adriana Favela explicó, tal como lo había adelantado este diario, que de 2013 a 2015 se retuvo a los trabajadores 13.8 millones de pesos que fueron a parar al Grupo de Acción Política, corriente de facto al interior del partido guinda, de los cuales se pudo corroborar que 2.1 millones se utilizaron para pagar a proveedores de la campaña de Delfina Gómez, de manera que la fuerza política se benefició de esos recursos y no los reportó al órgano electoral.
El representante morenista Eurípides Flores reprochó que se equiparara el tema de Texcoco con el Pemexgate y calificó el hecho de una “desproporción insostenible”.
El partido guinda impugnará
Rechazó la existencia de un financiamiento paralelo y subrayó que no hay pruebas de lo planteado por la autoridad, pues todo se ha basado en suposiciones, y anunció que impugnará la sanción ante el tribunal electoral.
Por lo que respecta al PT, la sanción impuesta es de 119.8 millones de pesos, por el desvío de recursos públicos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
Favela explicó que María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente petista Alberto Anaya, recibió del gobierno de Nuevo León 260 millones de pesos entre 2015 y 2017 para la operación de los Cendis, de los cuales 59.9 millones fueron transferidos a Héctor Quiroz García, comisionado nacional del PT en Aguascalientes, quien no tiene ninguna relación con esas escuelas.
Quiroz, a su vez, entregó a Elsa Lilia Peinado, también militante sin ninguna relación con los centros educativos, 30.2 millones de pesos.
Contra el argumento de defensa de que el dinero entregado al comisionado de Aguascalientes formaban parte del pago de un crédito que dio a los Cendis, Murayama resaltó que no hay rastros de dicho empréstito en el sistema bancario.
El representante petista Pedro Vázquez reclamó que las pruebas presentadas por el PT no se valoraron, que no hubo exhaustividad en la investigación y no se aclaró cuáles fueron los beneficios que obtuvo la fuerza política. Recordó, además, que el PRI se desistió de la queja en su contra al no encontrar elementos probatorios.
Por otra parte, el Consejo General del INE confirmó la multa por 28 millones de pesos impuesta a MC por las aportaciones que realizaron familiares del ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, al partido. Se comprobó que su madre y hermanos entregaron 14 millones de pesos en beneficio de su candidatura, sin tener capacidad económica para ello. La autoridad electoral confirmó que esos recursos provinieron de tres personas morales.
