En vísperas del Día Nacional de las Mujeres Indígenas (5 de septiembre), integrantes de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (Anpmi) destacaron que “preservar las lenguas indígenas es fundamental para la inclusión social y el ejercicio y goce de los derechos políticos, culturales, de salud y justicia”.

No obstante, datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi indican que en la última década el número de hablantes de lenguas indígenas se redujo en más de 178 mil personas.

Lo anterior se deriva de diversos factores, tales como el racismo y la falta de políticas públicas con pertinencia cultural que garanticen los derechos de las personas indígenas, sostuvieron Yuridia Velasco y Edith Matías Juan, integrantes de la Secretaría Técnica de la Anpmi.

En 2022 iniciará el Decenio de las Lenguas Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para el cual México suscribió la Declaración de Los Pinos, que consiste en una ruta que busca el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas.

Matías Juan, consideró que el gobierno “no ha dado el salto de enlistar los derechos para convertirlos en hechos a través de políticas públicas pertinentes e interculturales que coadyuven a un ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

Velasco conminó al gobierno a “recordar la agenda pendiente y pedir acciones concretas que transformen las desigualdades que nos violentan y niegan oportunidades; queremos una igualdad sustantiva real y constante, donde el respeto a la dignidad sea una obligación”.

Algunos puntos de la agenda de las mujeres indígenas establecen “garantizar la participación política de las mujeres indígenas en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos y consejos consultivos”, así como establecer un “alto a la violencia política en razón de género”.

Asimismo, crear un “programa nacional de mujeres indígenas con presupuesto etiquetado, progresivo y culturalmente adecuado y generar datos desagregados por condición étnica, etaria y de género que indiquen la problemática de desigualdad y multifactorial que viven las mujeres indígenas.

Sobre los derechos lingüísticos y acceso a la justicia, se debe difundir masivamente la Ley de Derechos Lingüísticos y reconocer el trabajo profesional de las y los traductores e intérpretes y capacitar al personal encargado de la procuración, impartición y administración de justicia en todos los niveles.