En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022 es necesario que el gobierno oriente todos los recursos necesarios para garantizar los derechos sociales de la población, sobre todo los relacionados con la salud y la seguridad social, afirmó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al dar a conocer el documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2022”, el organismo hizo un análisis del nivel actual de cumplimiento de diversas garantías básicas, así como la forma en que éste se puede reforzar y el nivel de “relevancia” que tienen los programas sociales que actualmente cubren dichos aspectos.
El Coneval subrayó que es necesario destinar los recursos del PEF del año entrante a subsanar los efectos de la crisis que provocó la pandemia, en especial en personas vulnerables por carencias sociales, en situación de pobreza, desempleadas o con trabajos informales.
En ese contexto, después de analizar un total de 122 programas o acciones federales de desarrollo social aplicados en 2021, llegó a la conclusión de que 45 de ellos “contribuyen de forma relevante” a la reducción de la pobreza y otros 94 lo hacen para el acceso efectivo a los derechos sociales (salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, etcétera).
De igual manera, el Coneval destacó que del total de los programas federales de desarrollo social se identificaron 25 “que presentan similitud de 100 por ciento con uno o más programas”, mientras que otros 16 tienen un grado de similitud de 98 por ciento, lo que hace necesario que las instancias encargadas de operarlos “analicen las alternativas” a su alcance para mejorar su efectividad, eficiencia y economía.
Entre las propuestas lanzadas por el Coneval para mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia están “adecuar y ampliar la operación de programas sociales que otorgan transferencias monetarias directas, así como la extensión de cobertura”, por la caída de los ingresos que causó la emergencia sanitaria.
Lo anterior es especialmente importante porque, al revisar los programas de transferencias monetarias aplicados en 2020, “no se encontraron apoyos que, como parte de su población objetivo, buscaran atender explícitamente a personas en pobreza o vulnerables por carencias” sociales”.
De igual manera, la entidad llamó a “consolidar un sistema de protección social que contemple una pensión universal mínima de retiro y de invalidez, financiada con impuestos generales”, así como garantizar el acceso a la seguridad social de las personas desempleadas y otorgar subsidios temporales al costo de los servicios básicos.
