Ciudad de México. Con el voto de Morena y sus aliados, La Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado la ley de juicio político y declaración de procedencia, con la regulación para determinar si es viable actuar penalmente contra un presidente de la Republica, que incluye candados para evitar su destitución automática.

En una sesión que empezó casi a la medianoche del miércoles y se alargó hasta las 7 de la mañana de ayer, las tres bancadas que hacen mayoría sólo aceptaron tres cambios: respetar el principio de presunción de inocencia, que las sesiones donde se aborde alguna acusación ministerial contra el Ejecutivo sean presenciales y que la decisión del Senado, erigido en jurado de sentencia, sea por mayoría calificada.

Para dar paso a la ley, Morena copió el texto de un dictamen que en agosto aprobó la Comisión de Gobernación y lo presentó como nueva iniciativa, para luego darle trámite de urgente resolución, mientras en las filas opositoras se reclamó que nada justificaba la premura para aprobarla. Incluso hablaron de un albazo.

En el dictamen de agosto, el partido en el poder previó que si se determinaba la responsabilidad del presidente en la comisión de delitos de traición a la patria o en los que ameritan prisión preventiva de oficio, la sanción sería la destitución del cargo. No obstante, en la iniciativa se enmendó el texto para definir que el Senado sólo resolverá “en términos de la legislación penal aplicable”.

Tal cambio tampoco fue del gusto de la oposición, que observó en la nueva redacción “un blindaje” para impedir que, en contra del discurso, un mandatario pueda ser sancionado mientras está en funciones.

El panismo, por ejemplo, sostuvo que el principal impedimento para juzgar a un presidente es la obligación de que el jurado de sentencia resuelva por mayoría calificada.

Ante esas posturas, Leonel Godoy (Morena) acotó que en el artículo 110 de la Constitución ya se prevé que, en primera instancia, la Cámara resolverá por mayoría absoluta y presentará la acusación respectiva al Senado, que a su vez “aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión”. Esto, dijo, “no representa un trato privilegiado al presidente, es lo que dispone la Carta Magna”.

El pleno rechazó cuatro mociones suspensivas que buscaban dar trámite de la iniciativa a comisiones –las cuales aún no se constituyen–; al amanecer del jueves el proyecto se aprobó con 266 votos en favor y 205 en contra.