En estos tres años –vaya que han pasado rápido– la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha conseguido reorientar a un Poder Ejecutivo que estaba dedicado a hacer negocios particulares para ponerlo al servicio de los intereses populares y nacionales. Así de simple y así de rotundo, por más que persistan núcleos de interés y corrupción enquistados en reductos de la administración pública y aunque muchas personas no logren comprender que los beneficios de la transformación no van dirigidos a sectores conformados por decenas de miles sino a decenas de millones.
Desde la experiencia personal, los recorridos por las calles de siempre en los centros urbanos y la endogamia social y mediática no siempre bastan para percibir la dimensión de lo alcanzado en el escenario nacional y los comentócratas de la oligarquía derrotada siguen haciéndose cruces para entender cómo es que esta Presidencia mantiene entre 67 (De las Heras/Demotecnia) y 73 por ciento (Parametría) de aprobación. Y es que hay una clara disonancia entre lo que indican esos sondeos y el estruendo ensordecedor de las oposiciones mediáticas, partidistas y sociales que dicen ver un gobierno catastrófico y que, sin embargo, no han logrado convencer de sus visiones sino a quienes creen desde hace mucho que López Obrador es un peligro para México, que nos está volviendo Venezuela, que hay una dictadura horrible cocinándose o incluso lista para ser servida, etcétera.
Más relevante es la disonancia entre el apoyo social a la Cuarta Transformación y los resultados electorales de la coalición gobernante, la cual no ha conseguido traducir en votos el amplio respaldo popular de AMLO. En esa diferencia, y no en una oposición que es una gallina sin cabeza, reside hoy el principal riesgo para el proyecto político en curso, y lo agravarán quienes persistan en disputarse posiciones y cuotas de poder dentro de la 4T, y quienes se empeñen en enconos fratricidas en lugar de concentrarse en empujar los cambios en marcha y en hacer frente a los verdaderos adversarios.
Combatir la corrupción dentro de las instituciones y ponerlas al servicio de la población son dos propósitos estrechamente entrelazados e inseparables que se impulsan el uno al otro y han logrado un enorme avance en estos treinta y tantos meses, a pesar de la complejidad de ese aparato administrativo que el Presidente llama “el elefante reumático”. Es peor: ese elefante es altamente contagioso y seductor y no faltan los que transitan de la militancia a la oficina pública sólo para caer rendidos ante los encantos del poder. Con todo y eso, el Ejecutivo federal es hoy el principal instrumento de la transformación nacional y hay que contar con la reciente conquista de gobiernos locales, lo que contribuye a mejorar las condiciones para la consolidación del proyecto social y popular del lopezobradorismo. Por ejemplo, las gubernaturas en manos de Morena permitirán avanzar a un paso mucho más firme y sostenido en materia de pacificación, seguridad pública y desarticulación de organizaciones delictivas que se han robustecido gracias a sus vínculos con secretarías de Seguridad Pública y fiscalías estatales.
Vamos, por así decirlo, a media transformación. El capítulo que sigue es la transformación de la institucionalidad electoral y judicial heredada, la cual fue concebida para la perpetuación del régimen neoliberal, para mantener una democracia sin contenido en la cual resultara imposible cambiar el rumbo del país y también, desde luego, para saciar apetitos monetarios particulares a expensas del erario.
Lo cierto es que con este Poder Judicial la 4T está atada de manos, que con los actuales INE, tribunal electoral y régimen de partidos es más que difícil establecer de manera perdurable una democracia verdadera; eso significa hacer efectivo y rutinario el postulado contenido en el artículo 39 constitucional, que hoy por hoy sólo puede aplicarse a contrapelo de las mafias oligárquicas enquistadas en los organismos electorales. Y significa, también, avanzar en la construcción de una democracia participativa que vaya más allá del referendo y la revocación y que garantice la irrupción popular en todos los niveles en los procesos de toma de decisiones.
Y como la coalición gobernante no cuenta con mayoría calificada en el Legislativo, las reformas judicial y electoral deberán pasar por un proceso de negociación necesariamente complicado y que ante él el aparato mediático de la oligarquía pondrá en juego todo su músculo a fin de obstaculizar los acuerdos. Una consideración básica es que en tales circunstancias Morena y sus aliados deberán llevar a cabo una vasta tarea de información ciudadana a fin de articular el movimiento con sus bancadas y, no hay que descartarlo, con un retorno al sano y poderoso ejercicio de las movilizaciones.
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