Madrid. El circulo se cierra en torno el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, señalado ahora también por la Fiscalía española como “comisionista internacional” y haber incurrido en al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, desfalco contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencia.

El ex jefe del Estado español, desde su exilio en Emiratos Árabaes, emitió un duro comunicado contra los fiscales españoles, a los que acusó de haberle “conculcado su presunción de inocencia” y de haberle “perjeducado gravemente” en el proceso.

El 2 de junio de 2014, en una decisión que sorprendió a la mayoría de la sociedad española y que se decidió entre un circulo muy reducido de personas, el entonces rey Juan Carlos decidió abdicar del trono en favor de su hijo y primogénito, el actual monarca Felipe VI. La decisión se adoptó en un contexto de fuertes críticas y denuncias por los numerosos escándalos y casos de corrupción que ya afectaban a la familia real, sobre todo a su yerno, Iñaki Urdangarín, y al propio ex jefe del Estado, que se había ido de caza furtiva de elefantes en plena crisis económica en compañía de la que era y había sido durante mucho tiempo su pareja extra oficial, la princesa alemana Corina, quien a su vez también cobraba cantidades millonarias por las gestiones oficiales.

La corrupción y el escándalo se convirtió en la seña de identidad en los últimos años del reinado de Juan Carlos de Borbón, una figura que hasta entonces estaba blindada por las propias instituciones españolas -al gozar de inviolabilidad jurídica- y por la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles, de derecha y de izquierda, que sólo publicaban noticias relacionadas con el monarca que exaltaran su figura. Pero a partir de 2014 la historia cambió y se empezaron a desvelar los turbios negocios del ex monarca, que había acumulado una fortuna tan inmensa que fue capaz de “regalar” a su entonces amante, la princesa Corinna, un cheque de más de 75 millones de euros (mil 800 millones de pesos).

Ante la acumulación de acusaciones y escándalos, cada vez más difíciles de ocultar incluso para la prensa más afín, en agosto de 2020 decidió abandonar España por sorpresa y trasladarse a vivir a Emiratos Árabes, de donde hasta la fecha no ha vuelto. Desde ahí diseña la estrategia judicial para enfrentar los numerosos casos judiciales abiertos en su contra, tanto en los tribunales suizos -donde se presume que tiene guardada la mayoría de su inmensa fortuna-, como ahora, la Fiscalía española, que después de una larga investigación ve “indicios” evidentes de que el ex monarco acumuló su fortuna por sus gestiones como “comisionista internacional”, según publicó en una exclusiva el diario El Mundo.

De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo español envió una comisión rogatoria librada por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, en la que advierte que hay “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación” proceden de esta actividad ilícita, por las que el rey podría haber incurrido en cuatro delitos: “blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”. El ministerio público advierte a las autoridades suizas que tiene abiertas diligencias en las que investiga “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos” de Juan Carlos, que está aforado ante el Tribunal Supremo. En estas pesquisas, además de tratar de dar con la “procedencia” del dinero no declarado a Hacienda, también indaga su “participación” en las operaciones.

En un gesto poco habitual, el ex monarca emitió un comunicado que fue difundido por su buffet de abogados, Sánchez-Junco, en el que acusa a la Fiscalía española de “perjudicarle gravemente y conculcar su presunción de inocencia al afirmar que ha ganado su fortuna oculta a través del cobro de comisiones en negocios internacionales”.