El decreto para municipalizar los servicios de agua potable y drenaje en Baja California quedó suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados locales en contra de la medida impulsada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez
La suspensión se aplica en contra del Decreto 289, que municipaliza los servicios públicos, que antes estaban a cargo del gobierno estatal.
La acción de inconstitucionalidad 119/2021 fue promovida por diputados de oposición en el congreso estatal, y ordena que la municipalización se detenga hasta que los ministros decidan si es constitucional.
El acuerdo respectivo dispone que “el gobierno estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del estado los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto”.
La controversia impugna la reforma a varios artículos de la Ley que Regula la Prestación del Servicio de Agua Potable en el estado, propuesta por el morenista Bonilla, aprobada en el Congreso y publicada el 29 de julio pasado.
Los inconformes señalan que no se respetó el proceso legislativo, pues el dictamen respectivo no se les entregó para su estudio previo conforme al plazo reglamentario, ni se consultó a los ayuntamientos, a los que esta determinación impacta directamente.
