Aproximadament 280 vecinos de Azcapotzalco que están en desacuerdo por la anulación de sus votos en las secciones electorales del distrito 3 federal ingresaron una solicitud de amparo ante un juez de distrito en materia administrativa para hacer valer su sufragio.
Además, pretenden que su decisión en las urnas sea respetada en futuros comicios, así como sentar precedente para que la ciudadanía tenga voz y parte, dijo la socióloga y activista Eva Rojas.
El amparo indirecto se interpuso a partir de lo sucedido el 13 de agosto, cuando la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la impugnación que diversos partidos presentaron en el distrito 3 de Azcapotzalco, que derivó en el retiro de la constancia de mayoría a la morenista Gabriela Jiménez y fuera otorgada a la panista Wendy González.
Expusieron que dicha determinación violentó sus derechos político-electorales, por lo que solicitaron la protección del juez.
Indicaron que los magistrados utilizaron una jurisprudencia de hace casi 20 años para anular casillas en dicho distrito, donde se establece que si al menos una de las personas funcionarias de la casilla no pertenece a la sección electoral correspondiente, la elección se debe anular.
Carlos García Durán y Rojas Bustos, promoventes del recurso, explicaron que más allá de defender a un partido o candidato se busca controvertir que las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral carecen de disposiciones que garanticen el derecho de los votantes a defenderse ante ese tipo de decisiones.
Por otra parte, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió varios asuntos, entre los que determinó sancionar a Víctor Hugo Romo por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, cuyo castigo estará a cargo del Congreso local; también se amonestó al Partido Verde Ecologista de México y a su ex candidato a la alcaldía Iztacalco, Rafael Márquez Méndez –hermano del boxeador Juan Manuel Márquez– por colocación de propaganda electoral en mobiliario urbano; y a Héctor Hugo Hernández, ex candidato de Movimiento Ciudadano, por vulnerar el interés superior de la niñez.
Los nombres de las personas y el partido serán inscritos en el catálogo de personas sancionadas del tribunal una vez que la sentencia haya causado estado.