La Cámara de Diputados inició anoche la discusión de una iniciativa de ley de juicio político y declaración de procedencia, a la que –al no existir comisiones– se le dispensaron los trámites parlamentarios. La norma busca regular los procesos de enjuiciamiento político a funcionarios públicos, incluido el presidente, y el desafuero de legisladores.
El dictamen, aprobado hace dos semanas en comisiones, reglamenta el proceso previsto en la Constitución por el cual el presidente pueda ser imputado y juzgado, además de por traición a la patria, por delitos de carácter electoral, como corrupción y los que ameritan prisión preventiva de oficio.
No obstante, la ley –que sería aprobada la madrugada de este jueves en el pleno– prevé un mecanismo para precisar que, si la Cámara de Diputados aprueba la acusación contra el Ejecutivo, el Senado deberá definir, en su calidad de jurado de sentencia, si procede.
Para el caso del jefe del Ejecutivo, el proceso podrá ser instaurado previa solicitud del Ministerio Público “cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal”, explica un documento de Morena entregado a sus legisladores.
“Asegura que los presidentes de la República recibirán el mismo trato que cualquier otro ciudadano por parte de los juzgadores en materia penal”, detalla.
También se pretende “combatir la corrupción e impunidad de altos funcionarios, evitando que abusen de su investidura para incurrir en conductas ilícitas sin correr el riesgo de ser llamados a juicio”, explica.
Con la norma, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se pretende instaurar la inhabilitación de 10 a 30 años para ejercer cualquier cargo a los funcionarios a quienes se aplique el juicio político.
Para el caso de acusaciones contra legisladores, ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, el fiscal General de la República, magistrados, jueces, consejeros electorales, magistrados electorales y directores generales de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, las solicitudes de juicio político podrán ser interpuestas “por cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad”.
El dictamen plantea que sólo la sección instructora revise y dictamine las solicitudes de juicio político y desafuero, y sus integrantes pasarían de cuatro a cinco.
Para evitar que se repita un caso como el rechazo del Congreso de Tamaulipas a aceptar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la ley prevé que el retiro de la inmunidad constitucional se comunicará a las legislaturas estatales “para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados”.
