Fue desechada la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara la controversia promovida por la Cámara de Diputados, en contra del acuerdo presidencial que permite el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala confirmaron el acuerdo de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien el 25 de junio del año pasado decidió que el juicio constitucional planteado por los legisladores de oposición tiene bases suficientes para ser analizado por el máximo tribunal del país.
Los diputados demandan la invalidez del “acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.”
Como autoridades responsables, los legisladores señalan al Ejecutivo Federal, a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, y de Seguridad y Protección Ciudadana.
La admisión de esta controversia fue impugnada por la CJEF, mediante el recurso de reclamación 54/2020-CA, donde se cuestionaban las facultades legales de los diputados para poder interponer su queja, argumento que fue desestimado por los ministros que revisaron el asunto.
Con esta decisión, se confirma que la SCJN analizará tres controversias sobre la facultad de las fuerzas armadas para participar en áreas de seguridad pública. Estos juicios constitucionales fueron promovidos por los diputados federales del gobierno de Michoacán y del municipio de Colima.
Sin embargo, la ministra Ríos Farjat ha negado en todos estos casos la suspensión provisional, por lo que el acuerdo impugnado sigue vigente, hasta en tanto la SCJN no resuelva el fondo del asunto.
