Austin. Una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos entró en vigor ayer en el estado, mientras la Suprema Corte federal sigue sin pronunciarse respecto de una apelación de emergencia entablada para aplazar su puesta en marcha.
Si se permite que siga en vigor, la ley sería la restricción de mayor alcance del derecho al aborto en Estados Unidos desde la histórica decisión del máximo tribunal en el caso de Roe contra Wade, con la cual se legalizó el procedimiento en todo el país en 1973.
La ley de Texas, promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe interrumpir los embarazos tan pronto se detecte el latido cardiaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres se hayan percatado de que están encintas.
En un comunicado emitido luego de que la ley entró en vigor, el presidente Joe Biden señaló que “viola de manera flagrante el derecho constitucional establecido por el caso Roe contra Wade que se ha mantenido como precedente durante casi medio siglo”. Añadió que la ley otorga de forma “indignante” a los ciudadanos la facultad de “incoar demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a tener un aborto”.
Marc Hearron, abogado del Centro de Derechos Reproductivos, afirmó: “a partir de ahora, la mayoría de los abortos están prohibidos en Texas”. Indicó que su grupo sigue a la espera de la decisión de la Suprema Corte.
Las clínicas han dicho que la ley prohibiría 85 por ciento de los procedimientos de interrupción del embarazo en Texas y obligaría a muchas clínicas a cerrar.
Los defensores del derecho a abortar denuncian que la ley obligará a muchas mujeres a viajar fuera del estado para interrumpir su embarazo, si es que pueden costearlo y sortear cuestiones como el cuidado de los niños y tomarse tiempo libre del trabajo. Se tiene previsto que también aumente el número de mujeres que abortan utilizando píldoras obtenidas por correo.
Por lo menos otros 12 estados del país han implementado prohibiciones al aborto en las primeras etapas del embarazo, pero todas han sido bloqueadas para que no entren en vigor.
Lo que distingue a la ley de Texas es la manera inusual de aplicarla, pues en vez de dejar esa tarea a las autoridades, cualquier ciudadano está autorizado a demandar a cualquier individuo o entidad que practique abortos, incluso a la persona que lleve a una mujer a la clínica. Según la ley, cualquiera que presente ese tipo de demanda y gane recibiría por lo menos 10 mil dólares.
Los que redactaron la ley también dificultaron impugnarla en los tribunales, porque es difícil determinar a quién demandar.