Managua. Las autoridades judiciales de Nicaragua decidieron enjuiciar a la periodista Cristiana Chamorro, aspirante opositora a la presidencia, a su hermano Pedro Joaquín y a tres ex empleados de una ONG por supuesto lavado de dinero y otros delitos, informó el jueves la Fiscalía.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que “se ha acusado y se está llevando a cabo el proceso penal” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y que además de los hermanos Chamorro se enjuiciará a tres ex empleados administrativos de esa entidad también detenidos: Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez.

“La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a juicio”, señaló el informe. Los delitos imputados a los cinco acusados, detenidos en los últimos tres meses, son lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos.

La Fiscalía informó que otros cinco acusados por el mismo caso, entre ellos el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de los anteriores y exiliado en Costa Rica, “se encuentran prófugos de la justicia y con orden de detención judicial, quedando pendiente la realización de sus audiencias”.

El informe oficial no reveló dónde se realizó la audiencia judicial, pero el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguró que tuvo lugar en la cárcel conocida como El Chipote, en la zona sureste de Managua y donde guardan prisión 35 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo.

El Cenidh denunció que se impidió el acceso de familiares al lugar y que al abogado defensor asignado a uno de los acusados se le mantuvo incomunicado mientras duró la audiencia.

Cristiana Chamorro, de 66 años, permanece bajo arresto domiciliar desde el pasado dos de junio, tras anunciar que deseaba competir en las elecciones del siete de noviembre contra el presidente sandinista Daniel Ortega, que busca su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

Otros seis opositores aspirantes a la presidencia fueron detenidos a partir de esa fecha y permanecen encarcelados. La reciente ola de arrestos afectó en total a 35 profesionales, líderes políticos, campesinos y estudiantiles, investigados por “traición a la patria” y “conspiración en perjuicio del pueblo y el Estado”.