Guadalajara, Jal. Al menos 23 salidas irregulares de mujeres presas en el penal femenil de Puente Grande, para ser llevadas a “actividades sociales” con reos varones de tres reclusorios de ese mismo complejo penitenciario, se registraron el año pasado, documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en una de tres recomendaciones presentadas esta semana.

El caso más grave ocurrió el 24 de marzo de 2020, cuando 64 mujeres acudieron a una “convivencia” en el reclusorio preventivo de Puente Grande y 11 de ellas, incluidas dos pacientes psiquiátricas, regresaron con aliento alcohólico, reportaron custodias, contra quienes se tomaron represalias: dos de ellas fueron despedidas y a otras las cambiaron de cárceles.

Las internas que salieron del Reclusorio de Reinserción Femenil, el cual alberga aproximadamente a 300 mujeres, fueron llevadas a los centros de reclusión varoniles preventivo, de sentenciados y el metropolitano, todos ubicados en Puente Grande, complejo localizado en el municipio de Tonalá.

“Para la CEDHJ quedó acreditado que las autoridades de la Comisaría de Reinserción Femenil y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado incurrieron en irregularidades y omisión institucional, además de que se violaron los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica”, señaló la defensoría estatal.

La CEDHJ pidió reparación del daño a las denunciantes, que se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa y que se apliquen sanciones sin importar el cargo de quienes permitieron y cometieron las irregularidades.

En rueda de prensa, el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, presentó otras dos recomendaciones, una contra tres policías de Guadalajara y otro de Tlaquepaque, quienes lesionaron a un hombre durante una “revisión ilegal”. El afectado perdió parcialmente la visión por fractura en el orbital derecho causada por los uniformados.

La otra recomendación fue por una queja, presentada en junio de 2020, sobre el caso de una presa diabética que falleció por no ser atendida tras golpearse un dedo. Además, servidores públicos de la Comisaría de Reinserción Femenil y del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde amputaron un pie a la afectada sin autorización de sus familiares.