Chihuahua, Chih. La Fiscalía Anticorrupción del estado decidió archivar la carpeta de investigación por los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones que se le seguía a la gobernadora electa, la panista María Eugenia Campos Galván, derivado de fondos que recibió presuntamente de contratistas cuando fue alcaldesa de la capital del estado.

La juez Hortensia García Rodríguez admitió el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público, sin que se haya podido realizar la primera audiencia de vinculación a proceso por los amparos que la panista presentó.

La fiscal en ese tema, Gema Guadalupe Chávez Durán, explicó que un juez local dejó sin efectos la solicitud de audiencia inicial para formular imputación a Campos Galván, pues tres ex trabajadores de la administración municipal que inicialmente dijeron haber tenido conocimiento de los sobornos, desistieron públicamente de mantener la acusación contra la hoy gobernadora electa. Así, no existe grado de probabilidad para establecer la participación de Campos Galván en los hechos, declaró.

La fiscalía investigaba a Campos por simular licitaciones para el mantenimiento de parques y jardines mientras fue alcaldesa de la capital del estado, y recibir 1.3 millones de pesos de cinco empresas a través de sobornos entre los años 2017 y 2018.

El 16 de abril pasado, la entonces candidata a la gubernatura evadió la audiencia de imputación porque intervino a su favor el representante legal del municipio de Chihuahua, Rafael Alejandro Corral Valverde, quien aseguró no conocer la investigación y pidió un plazo de hasta tres meses para leer el expediente.

Después, el testigo Félix Arturo Martínez Adriano, quien fue director de Mantenimiento Urbano e integrante del Comité de Adquisiciones municipal desistió de colaborar y fue coimputado, junto con él desistieron y cambiaron su declaración los ex funcionarios municipales Luis Orlando Villalobos Seañez y Luis Carlos Piñón Balderrama.

No obstante, Maru Campos sigue vinculada a proceso por otro caso en el que se comprobó que recibió más de 10 millones de pesos de sobornos, siendo diputada por el PAN, por parte del entonces gobernador César Duarte Jáquez.

El ahora ex diputado federal por Morena, Ulises García Soto, presentó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga las carpetas de investigación en este caso, porque al ser gobernadora estará como mando del Ministerio Público.