A pesar de los avances que se han logrado en el marco legal y políticas encaminados a esclarecer la desaparición de miles de personas, el mayor desafío que tiene México es poner fin a la impunidad en la materia porque no erradicarla representa un “llamado a su repetición”, alertó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. No basta tener la voluntad para afrontar esta realidad, “se necesita alcanzar la verdad, la justicia”.
Durante el foro Avances y pendientes en la agenda de desaparición de personas en México, organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, la relatora para el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arozamena, reconoció el viraje que ha tenido el gobierno mexicano para encarar este delito, mediante la construcción de un marco legal que podría ser modelo para la región. Sin embargo, “la crisis es profunda y compleja. Las elevadas cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar siguen siendo alarmantes”.
Con la participación de representantes de los principales organismos de derechos humanos a escala mundial y continental, se evaluó la postura mexicana frente a esta crisis. Luciano Hassam, del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas sostuvo que la elaboración de la ley general en la materia realmente es “un modelo legislativo”. El desafío está en su instrumentación para no relegarlo sólo a un marco legal.
Es necesario que se instrumenten políticas que agilicen los protocolos de búsqueda en vida, bajo la premisa de que las primeras horas son cruciales para preservar la vida, en circunstancias en que la tortura puede provocar la muerte. Es imperioso, expresó Hassam, realizar investigaciones imparciales que no involucren a instituciones que pudieran ser partícipes de esas desapariciones. Bachelet celebró la disposición de México para aceptar la visita oficial del Comité contra las Desapariciones Forzadas, recordando que se conmemoró la jornada para quienes se encuentran en esta condición.
Carmen Rosavila, integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, destacó la relevancia de la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo sobre desaparición en el que admitió la competencia de este Comité en la emisión de acciones urgentes para agilizar la búsqueda y avanzar en la justicia. “Es un hito para las Américas que se pudiera incorporar como jurisprudencia a los principios y doctrinas.”
