Amnistía Internacional y agrupaciones que integran Seguridad sin Guerra solicitaron el fin de la militarización de la seguridad pública en el país y condenaron el uso de la Guardia Nacional “como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”.

Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como uno de sus objetivos “detener toda la migración en la frontera sur”.

En un pronunciamiento, subrayaron que entre las quejas promovidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han aumentado las dirigidas contra la Guardia Nacional.

En 2020, subrayan, alcanzaron 350 en rechazo a su actuación, en tanto que en lo que va de este año se acumulan 261, según el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH.

Las organizaciones censuraron el incremento de la presencia castrense en tareas de seguridad, pues “ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a las garantías fundamentales, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como establecen las normas internacionales sobre derechos humanos”.

El aumento en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad significa que hay un incremento incluso respecto al despliegue realizado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalan.

Esta política contraviene las disposiciones internacionales que establecen que la seguridad pública debe estar a cargo de civiles. “Hemos advertido que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el 27 de mayo de 2019, contraviene las obligaciones del Estado mexicano en relación con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida”.