Mexicali, BC. El plan “Quédate en México”, instrumentado por la Corte Federal de Estados Unidos, fue rechazado por asociaciones civiles de la frontera norte porque viola los derechos humanos de las personas en condición de migración que requieren asilo humanitario, por lo que solicitaron al gobierno federal medidas de protección urgentes para la población migrante que son devueltas por Baja California y que alcanzan a 400 personas cada 24 horas, según el Instituto Nacional de Migración.

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Advirtieron que se trata de población mexicana en su mayoría que es víctima de desplazamiento interno forzado, la cual requiere de espacios dignos en albergues y otros servicios que se agravo e hizo más compleja por la pandemia y la falta de asistencia humanitaria emergente durante su retorno a México.

La Coalición Pro Defensa del Migrante exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumir su responsabilidad para atender de forma integral y digna a aquellas personas que se encuentran en el Protocolo de Protección al Migrante que emitió la administración Trump y quienes solicitan ahora asilo humanitario y protección internacional.

En un comunicado, las asociaciones de esta Coalición advirtieron que la medida y los protocolos se contraponen al derecho de asilo que tienen los migrantes en Estados Unidos por lo que propusieron otorgarles un trato digno y seguro en territorio mexicano y estadunidense con el reconocimiento de sus derechos y garantizar la asistencia humanitaria.

La Coalición Pro Defensa del Migrante la integran la Casa del Migrante en Tijuana, el Instituto Madre Assunta, Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, el Ejército de Salvación y la Casa Puerta de Esperanza, el Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, el Albergue del Desierto, el Comité de Promoción para el Desarrollo de Mexicali, el Centro de Apoyo al Trabajador Migrante y el Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica.

También pidieron a la administración Biden privilegiar la unidad familiar y crear un protocolo binacional que considera el procedimiento de la quienes soliciten asilo en Estados Unidos.

En tanto, solicitaron al gobierno mexicano considerar procesos de integración laboral, social, comunitaria, educativa y de salud, en especial para jefas de familia que requieren guarderías y servicios de salud, además de velar por la protección de los niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva sensible a sus condiciones en donde se procuren sus derechos, su bienestar, integridad y seguridad.

Para aquellos que decidan permanecer en Mexico después de su deportacion, propusieron la creación de un programa de regularización migratoria permanente, alejada de una visión recaudatoria.

Es totalmente irresponsable aceptar decisiones del gobierno de Estados Unidos e incumplir con estándares internacionales de protección humanitaria, agregaron, no se trata solo de discurso político sino de accionar estrategias de protección y de responsabilidad compartida, en especial de proteger sus derechos humanos, brindarles acceso a procesos de integración, seguridad y atención humanitaria.