Chiapas es un polvorín. No pasa una semana sin que se suscite un grave conflicto. Un día el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anuncia un acuerdo de paz entre Aldama y Chenalhó y al siguiente los narcoparamilitares lo desbaratan a balazos. Otro, el cártel Jalisco Nueva Generación ejecuta en Tuxtla Gutiérrez a Junior, el operador del Mayo Zambada en el estado. Otro más, un pistolero a bordo de una motocicleta asesina al indígena tsotsil Pedro Simón Pérez, catequista de Pantelhó.
Los mecanismos de control y los modos de hacer política que la familia chiapaneca reconstruyó en el marco de la contrainsurgencia después del levantamiento del EZLN en 1994 están en crisis. Los problemas y la inconformidad social atraviesan, arriba y abajo, sociedad y política. La campaña de vacunación contra el Covid es un fracaso, pero se alimenta la quimera de que la entidad se encuentra en semáforo verde, a pesar de que la enfermedad avanza incontenible.
Las protestas magisteriales ante el presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes, sábado y domingo son parte del cuadro general de descomposición y crispación política en la entidad. Aunque los maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen demandas específicas, expresan también un malestar profundo de amplios sectores de la sociedad chiapaneca. Los docentes son el termómetro que mide el pulso político de esa parte del sureste mexicano.
El encono de los profesores en Chiapas (como el de otras regiones) tiene que ver en parte con la simulación en la atención de sus demandas. “Después de 18 meses –dicen– no se han cumplido los acuerdos alcanzados con el Presidente, porque una cosa se dice en Palacio Nacional y otra muy distinta aplica el gobernador Rutilio Escandón, quien sólo ha dado largas al conflicto magisterial.”
En ello coincide Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la CNTE en Michoacán. “Una cosa es el diálogo –afirma– y otra la solución a problemas y demandas. Hemos sostenido 18 reuniones con el Presidente y con funcionarios federales. En ellas se llega a acuerdos, pero los funcionarios no los cumplen. No atienden las indicaciones del mandatario. Muchos de ellos apagan sus celulares y no nos vuelven a atender. Todo permanece igual e incluso hay más complicaciones.”
La historia del desencuentro viene de atrás. Un primer gran econtronazo entre la CNTE y la 4T se dio con la aprobación de una nueva reforma educativa, que abrogó la de Enrique Peña Nieto en lo formal, pero la mantuvo en lo sustantivo. La nueva legislación lima algunas de las espinas más filosas del erizo educativo neoliberal, pero conserva (y aun agrava) sus líneas básicas, entre las que se encuentra el encuadramiento del magisterio en un régimen laboral de excepción. Es, dijo el filósofo Enrique Dussel, “el mismo perro pero con otro collar” (https://bit.ly/3yrrdja).
Consecuencia de esta reforma es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), cuyo objetivo es promover el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, como quedó en el pasado proceso de asignación de plazas y entrega de estímulos, la nueva legislación demostró que, lejos de fomentar el crecimiento profesional, la revaloración social y un trato justo y digno para los docentes, es un instrumento para su segregación e inamovilidad. Por eso, la CNTE demanda su desaparición.
Uno de los agravios (entre muchos más) que ha indignado a las profesores chiapanecos, es el decreto del gobernador Escandón, emitido el 7 de julio de 2020, que canceló y prohibió el sistema de ahorros y la dotación de préstamos a más de 33 mil maestros socios de la caja de ahorros y préstamos y del Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes). Argumentó que la ley le prohibía a la Subsecretaría de Educación los descuentos por concepto de préstamos de los maestros.
La caja es un programa mutualista y solidario que se capitaliza con el ahorro de cada trabajador. Cada maestro aporta 2 por ciento de su salario cada quincena. Hoy cuenta con muchos recursos. Tiene capacidad de prestar a cada socio hasta 150 mil pesos, con un interés de 6 por ciento anual.
Las cajas magisteriales compiten con las de las empresas privadas, que han hecho un supernegocio, haciéndoles préstamos a trabajadores de la educación, con altos intereses. Con ese pretexto se prohibió la retención de estos descuentos por parte de la subsecretaría. Sin embargo, las empresas privadas ganaron un amparo. En cambio, a la sección 7 se le negó el que solicitó.
El gobernador Escandón acusó falsamente a la sección 7 de desfalco, desvío de recursos y corrupción. La CNTE pidió una auditoría. La Unidad Financiera de la SEP la efectuó. Al final declaró que no había motivo para que las cajas no pudieran funcionar. Ahora, el gobierno pretende imponer un reglamento a modo. La arbitrariedad de Rutilio Escandón dejó a los maestros, en plena pandemia, sin acceso a recursos para enfrentar los imprevistos.
Chiapas es un polvorín. Cerrar a los maestros democráticos la puerta de la negociación para resolver sus problemas, lo acercará el peligro de una indeseada explosión.
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