Ciudad de México. Amnistía Internacional y organizaciones agrupadas en Seguridad sin Guerra hicieron un nuevo llamado al gobierno federal a poner fin a la militarización de la seguridad pública garantizando el regreso del ejército a sus cuarteles en 2024 como se estableció en la legislación. De igual manera, condenaron el uso de la Guardia Nacional en la estrategia de contención de las caravanas migrantes tanto en la frontera sur como en el norte “atentando contra los derechos de los migrantes”.

Al condenar el papel que se le ha conferido en materia migratoria AI y Seguridad sin Guerra sostuvieron: la Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional. Recientemente, el Secretario de la Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur”.

En un pronunciamiento en el que condenan la creciente presencia castrense en tareas de seguridad pública, advirtieron que esta tendencia “ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”.

Subrayaron que de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional pasaron de 350 en 2020, en tanto que hasta ahora, son ya 261, “lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos”.

Las organizaciones recordaron que los estándares internacionales exigen que el uso de los militares en las tareas de seguridad debe ser restringido. “Es de destacar que el derecho internacional de los derechos humanos es contundente al señalar que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente en casos excepcionales los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea”.